Leyes sensibles aprobadas por el Senado
El Senado de Rumanía ha enmendado dos polémicas leyes sobre la justicia y la economía.
Eugen Coroianu, 23.03.2021, 14:30
El Senado rumano ha adoptado dos importantes iniciativas legislativas propuestas por el PNL y la USR destinadas a modificar ciertas medidas que causaron acaloradas controversias en la sociedad en el momento de la adopción. La primera deroga el reglamento introducido en 2018 por el PSD, cuando estaba en el Gobierno, que permitió la jubilación anticipada de jueces y fiscales, es decir, con sólo 45 años y con una antigüedad de 20 años. Los liberales argumentaron que la medida era ofensiva para los rumanos, porque crearía una nueva categoría privilegiada de jóvenes pensionistas en un país donde la mayoría de la población se jubila a la edad de 65 años. Explicaron que esto volvería a la normalidad, a la jubilación de magistrados a la edad de 60 años y con una antigüedad de 25 años. Por razones personales y de salud, como también explica el CSM, existen diferentes medidas legislativas, señalan los iniciadores.
De acuerdo con la motivación expuesta anteriormente, la ley derogada habría tenido el efecto, a corto plazo, de la jubilación de un gran número de jueces y fiscales, una situación con un impacto significativo en el buen funcionamiento de los tribunales y fiscalías. Además, debido al insuficiente número de magistrados, se habría puesto en peligro la eficacia y la calidad del acto de justicia y el cumplimiento del principio de resolución de los casos en un plazo razonable. Por las mismas razones, la medida nunca ha entrado en vigor, siendo aplazada cada año. La cámara con poder de decisión en este caso es el Senado.
También el lunes, los senadores rumanos derogaron la medida que prohibía que el Estado vendiera las acciones que tenía en empresas y sociedades nacionales, a entidades de crédito y a otras sociedades en las que el Estado es accionista. También se derogó el artículo que suspendía, por un período de dos años, cualquier transacción relacionada con la venta de acciones en poder del Estado que aún estaban en curso. De acuerdo con el proyecto, iniciado por el Gobierno de centro-derecha, hacer uso de las acciones está permitido con el fin de evitar socavar las relaciones sociales relacionadas con la libertad económica de los operadores con los que el Estado tiene la condición de accionista y la libre circulación de capitales. Además, a través de la diversificación de la participación accionaria, se espera que se vuelva a una situación competitiva en el mercado que eso aporte resultados.
Desde la oposición, los senadores del PSD y la AUR se opusieron a la iniciativa, argumentando que no es el momento adecuado para que las acciones de las empresas estatales coticen en bolsa. También reprocharon al Gobierno que intenta vender la participación del Estado en las empresas rumanas más importantes. El proyecto de ley irá a la Cámara de Diputados, foro decisional en este caso.
Versión en español: Victoria Sepciu
