Mecanismos para facilitar el acceso al sistema público de pensiones
Los ciudadanos rumanos con una vida laboral insuficiente pueden comprar hasta seis años de cotización para cobrar la pensión.
Bogdan Matei, 23.06.2021, 15:25
El sistema público de pensiones rumano, deteriorado por sus anomalías y la falta de equidad, tal y como admiten incluso los políticos que lo dirigen, debe reformarse esencialmente. Pese a que no faltan ideas e iniciativas legislativas, su aplicación está resultando ser engorrosa. El martes, el presidente Klaus Iohannis promulgó la ley sobre la compra de tiempo de cotización laboral. Esta medida reglamentaria establece el marco legal para que aquellas personas que no cumplan la condición de beneficiario completen el período de cotización mínimo en el sistema público de pensiones, necesario para que se conceda una pensión de jubilación corriente, anticipada o anticipada parcial. Aquellos interesados pueden adquirir un máximo de seis años de cotización antes de alcanzar la edad estándar de jubilación. El pago de esta cotización a la seguridad social se puede realizar en un único pago o con cuotas mensuales, antes del 31 de agosto de 2023. Entre los beneficiarios potenciales se encuentran los millones de expatriados rumanos, que buscan una vida mejor generalmente en Europa Occidental, y cuyos períodos de cotización son insuficientes para percibir la pensión en el país. Asimismo, hay ciudadanos en el país con una vida laboral insuficiente, ya sea porque, en algún momento, se quedaron sin empleo o porque eligieron vivir por cuenta propia, se las arreglaban para vivir independientemente, y dejaron de cotizar en el sistema de pensiones.
Los expertos aún no se atreven a anticipar los efectos de esta nueva ley. Sin embargo, llevan mucho tiempo advirtiendo de que el sistema en conjunto corre el riesgo de llegar a ser insostenible en el momento en que se produzca la jubilación masiva de las personas nacidas a finales de la década de los sesenta y a comienzos de los setenta. En aquel momento, siguiendo un decreto del antiguo régimen comunista, se prohibieron los abortos y Rumanía registró un boom demográfico. Posteriormente, la tasa de natalidad ha ido disminuyendo gradualmente, ante lo cual demógrafos y sociólogos llevan mucho tiempo advirtiendo de que existe el riesgo de que no haya nadie que pueda pagar las pensiones de los llamados «hijos del decreto». Aparte de esta evolución demográfica nada esperanzadora, hay situaciones que los propios responsables políticos consideran totalmente anormales. Este es el término utilizado por el ministro de Justicia, Stelian Ion, en referencia al hecho de que la que fuera fiscal general de la Dirección Investigación de Infracciones de Criminalidad Organizada y Terrorismo (la fiscalía antimafia), Giorgiana Hosu, se haya jubilado a los 49 años. Esta jubilación, en la flor de la vida, es un privilegio del que disponen magistrados, militares, policías, agentes de inteligencia, políticos, diplomáticos y demás beneficiarios de las llamadas pensiones especiales, que no respetan el principio de contributividad. Muchas de estas pensiones son de miles de euros, mientras que las pensiones de los cotizantes ordinarios alcanzan, de media, el equivalente en leus de tan solo 300 euros. La ley que preveía el gravamen del 85 % de las pensiones especiales superiores a 7000 leus (1400 euros) fue invalidada por el Tribunal Constitucional, cuyos miembros son, a su vez, beneficiarios de estas pensiones especiales.
Versión en español: Víctor Peña Irles
