Continúa el proceso en el caso de Colectiv
Las sentencias de los acusados en el caso del club Colectiv de Bucarest podrían reducirse, después de que los magistrados hayan cambiado parcialmente la calificación jurídica de los hechos.
Daniela Budu, 04.11.2021, 17:37
Se podrían reducir las penas en el expediente Colectiv, más de 6 años después del incendio que mató a 65 personas, mientras que más de 150 sufrieron quemaduras graves. Tres jueces del Tribunal de Apelación de Bucarest han cambiado parcialmente la clasificación jurídica de los delitos eliminando las consecuencias particularmente graves de los actos de abuso de poder para algunos de los acusados, incluido el exalcalde del sector donde está ubicado el club en Bucarest, Cristian Popescu-Piedone. Eliminar la circunstancia de «consecuencias particularmente graves» de la clasificación del delito puede dar lugar a una reducción de la pena. La decisión es importante, siendo el último paso antes de las conclusiones finales en este proceso.
Les recordamos que en diciembre de 2019, el Tribunal de Bucarest dictó las primeras condenas en el caso de Colectiv. En ese momento, Piedone había recibido 8 años y 6 meses de prisión con ejecución de la sentencia por abuso de poder en relación con la emisión de permisos de funcionamiento del club Colectiv. Los tres dueños del club, los dos bomberos responsables, empleados del ayuntamiento, así como los dueños de la empresa pirotécnica y los pirotécnicos fueron condenados a prisión con ejecución de la sentencia. Asimismo, los condenados se vieron obligados a pagar, en solidaridad con el ayuntamiento del sector y con el ISU Bucarest-Ilfov, daños morales y materiales de más de 50 millones de euros a las víctimas del incendio. Sin embargo, la decisión del Tribunal de Bucarest fue impugnada por ellos, pero también por los fiscales, y el caso llegó al Tribunal de Apelación de Bucarest.
Ahora, sobrevivientes del incendio y familiares de las víctimas han reclamado, en carta abierta, la decisión del tribunal de analizar el cambio de calificación legal de los hechos, alegando que conduciría a «castigos pequeños e insignificantes, desproporcionados a la gravedad de los hechos cometidos y sus consecuencias, que ensombrecerían todo el proceso judicial en Rumanía».
El pasado 30 de octubre, seis años después de la tragedia de la que nadie ha sido responsabilizado hasta el momento, se manifestaron en silencio para llamar la atención sobre el aplazamiento de la sentencia final en el caso. Encendieron velas y colocaron fotos de las víctimas en las escaleras del Tribunal de Apelación, y también de algunos políticos considerados culpables por lo ocurrido entonces. Algunos de los participantes yacían en las escaleras de la institución, junto a las fotos de los fallecidos, y se cubrían con sábanas blancas. Además, los sobrevivientes que han necesitado atención médica y aún están en tratamiento señalan que las infecciones hospitalarias no se notifican ni monitorean actualmente. Rumanía aún no cuenta con grandes centros de quemados y de recuperación para pacientes que han sufrido quemaduras graves. Familiares y amigos de los que perdieron la vida entonces y representantes de la sociedad civil denuncian que a seis años de la tragedia pocas cosas han cambiado en el sistema sanitario rumano, y la justicia está dificultando la investigación. El próximo plazo para el juicio se fijó para el 17 de noviembre, cuando se debatirá la composición del panel de jueces, que se encargarán del caso.
(Versión española: Simona Sarbescu)
