Medidas sociales en vías de elaboración
La Coalición gobernante de Bucarest lanza un nuevo paquete de medidas sociales y económicas.
Mihai Pelin, 21.09.2022, 14:10
El decreto de urgencia del Gobierno rumano, relativo a la limitación de los precios de la energía, ha empezado a debatirse en las comisiones de especialidad del Senado. Lo más probable es que el Parlamento modifique el documento, dado que tanto los representantes del poder, como los de la oposición, han presentado enmiendas al proyecto de decreto del Gobierno.
En lo que respecta a los campos de actividad que se beneficiarán de un precio limitado, el presidente del Partido Socialdemócrata (PSD), Marcel Ciolacu, ha aclarado varias cuestiones. Marcel Ciolacu:
«Ya hemos acordado modificaciones para las instituciones religiosas, para los servicios públicos, las compañías suministradoras de agua, respectivamente, pero también para las compañías de transporte, y hemos tomado en cuenta el hecho de que las fábricas de medicamentos genéricos tienen un límite de precio para los medicamentos. Si no intervenimos, esos medicamentos desaparecen del mercado rumano.”
Desde la oposición, la Unión Salvar Rumanía (USR) propone limitar los precios por tramos de consumo y que el encuadramiento en un tramo u otro se determine en función del consumo mensual actual, no del consumo del año pasado. La diputada Cristina Prună:
“Hemos propuesto, por enmienda, que, para los primeros 100 kilovatios/hora facturados, la gente pague 0,68 lei por kilovatio/hora, luego, de 101 a 255 kilovatios/hora, que el precio sea de 0,8 lei por kilovatio/hora, y lo que supere los 255 kilovatios/hora se facture aplicando el precio del contrato.”
A su vez, los representantes del Partido La Fuerza de la Derecha, una disidencia liberal que también está en la oposición, llaman la atención sobre el hecho de que una de las medidas que hay que corregir en el decreto es la vuelta al límite de consumo de 300 kWh al mes, en vez de 255 kWh, como propone el Gobierno.
El decreto que limita los precios de la energía fomenta la reducción del consumo, afirma el ministro de Energía, Virgil Popescu. En lo que atañe a las facturas carísimas que se han presentado públicamente, el ministro asevera que las autoridades habilitadas en este campo deben verificar qué está pasando.
El informe final relativo al decreto del Gobierno saldrá la semana que viene y el voto decisivo le corresponde a la Cámara de los Diputados. Por otro lado, los partidos de la coalición gobernante han acordado prorrogar la subvención del precio de los carburantes en las gasolineras hasta finales de año — ha anunciado el presidente del PSD, Marcel Ciolacu. Él ha hecho esta mención dado que la normativa actual, con base en la cual el Estado subvenciona con 50 bani el litro de gasolina o gasoil, vencerá a finales de este mes.
A su vez, el ministro de Trabajo, Marius Budăi, ha declarado que el Ministerio que dirige ha empezado el diálogo con las organizaciones no gubernamentales, las patronales y los sindicatos, con respecto a una subida del salario mínimo bruto nacional, a partir del año que viene. Este diálogo se celebra después de que el Parlamento Europeo adoptara una directiva relativa al salario mínimo en la UE, conforme a la cual los Estados miembros están obligados a garantizarles a los trabajadores un nivel de vida decente. El ministro ha dicho, igualmente, que es posible que las pensiones también suban al menos un 10%, a partir del 1 de enero de 2023. Un diálogo concreto en torno a estos asuntos tendrá lugar cuando estén finalizados los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, un proyecto que el Gobierno tiene intención de remitir al Parlamento en noviembre, para que éste lo debata.
Traducción al español: Gabriela Ristea
