Ola de jubilaciones en el sistema judicial
Decenas de magistrados rumanos quieren jubilarse. Una nota de Bogdan Matei.
Bogdan Matei, 03.11.2022, 12:32
El ministro rumano de Justicia, Cătălin Predoiu, advierte que la especulación en el espacio público sobre las llamadas pensiones especiales, que no respetan el principio de la pensión contributiva, podría llevar a la desestabilización del trabajo de los tribunales y las fiscalías, mediante jubilaciones masivas. Solo en los últimos días se han presentado 65 solicitudes de jubilación ante el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), entre las que se encuentran algunas de las estrellas de la profesión — incluso una miembra del CSM (Gabriela Baltag), la ex jefa de la ya abolida sección especial que investigaba los delitos en la judicatura (Adina Florea), y el ex jefe de la DIICOT (Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo), la fiscalía antimafia y antiterrorista (Félix Bănilă).
El ministro Predoiu habló con los representantes de las principales instituciones del sistema y les aseguró que actualmente no hay en discusión o en proceso de aprobación o adopción ningún proyecto de ley que afecte a las normas actuales aplicables a las pensiones en la judicatura. Cualquier proyecto en este ámbito, añadió, tiene que pasar por muchas etapas antes de su aprobación, y la opinión del ministerio de Justicia se dará solo teniendo en cuenta el carácter independiente de los magistrados y la eficacia del sistema judicial, así como el hecho de que la pensión laboral es un elemento constitutivo del estado de independencia del magistrado. Predoiu también hizo un llamamiento a lo que denominó responsabilidad pública en el debate sobre estas cuestiones, incluso por parte de los magistrados.
Las inquietudes de los afiliados al sistema surgieron después de que el Banco Mundial finalizara el plan de reforma del sistema de pensiones en Rumanía y propusiera, entre otras cosas, que las actuales pensiones especiales se calculen según el principio de contributividad y que no se creen nuevas categorías de privilegiados. La institución también propone que ninguna pensión especial supere los ingresos obtenidos durante el periodo de actividad laboral y que la edad de jubilación sea la misma que la del sistema público general. La reforma de las pensiones es uno de los objetivos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) acordado por el Gobierno de Bucarest con el órgano ejecutivo de la Unión Europea y que debe estar terminado a finales de este año.
En un país en el que la mayoría de los aproximadamente cinco millones de pensionistas reciben el equivalente a trescientos o cuatrocientos euros al mes, el tema de las pensiones especiales, algunas de ellas hasta diez veces superiores, puede ser socialmente explosivo y políticamente muy desagradable para los gobiernos que no hacen nada por corregir tales anomalías. El portavoz del Ejecutivo, Dan Cărbunaru, aseguró que, según los datos que tiene, los cambios previstos en el sistema de pensiones, incluida la edad de jubilación, no incluirán elementos de cambio «brusco» que generen «desequilibrios». En cuanto al hito del PNRR relativo a las pensiones especiales, añade, se ha creado un grupo de trabajo y unos especialistas del Ministerio de Trabajo están realizando análisis y recibiendo asesoramiento del Banco Mundial.
Traducción al español: Iulia Hau
