¿Se levantará el Mecanismo de Cooperación y Verificación?
La Comisión Europea considera que Rumanía ha avanzado lo suficiente como para que la evolución del sistema judicial deje de ser supervisada por un mecanismo especial.
Bogdan Matei, 23.11.2022, 11:23
Admitida en la Unión Europea el 1 de enero de 2007, Rumanía ha seguido siendo, hasta hoy, un miembro potencialmente problemático de las estructuras de la UE. Los socios de Bruselas siempre han sospechado que los sucesivos gobiernos de Bucarest, independientemente de su ideología declarada y de las figuras de larga o corta duración que los dirigían, intentaban burlar los principios del Estado de derecho, subordinar a sus magistrados y frenar la lucha contra la corrupción. El establecimiento del llamado Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV), tan pronto como Rumanía ingresó en la UE, fue una palanca a través de la cual los europeos pudieron supervisar las reformas en el sistema judicial rumano. Ahora, después de casi 16 años, la Comisión Europea considera que los progresos realizados son suficientes para abandonar el MCV.
Por lo que respecta a las tres leyes recientemente promulgadas por el presidente Klaus Iohannis, sobre el estatuto de los jueces y fiscales, la organización del poder judicial y el Consejo Superior de la Magistratura, el ejecutivo de la UE considera que el dictamen emitido por la Comisión de Venecia en el marco del procedimiento de urgencia muestra que, en general, las cosas parecen ir en la buena dirección. Los elementos positivos se refieren, entre otras cosas, al nombramiento de los fiscales superiores, las garantías contra la injerencia política en el trabajo de la DNA o la clara limitación de los poderes del Fiscal General en relación con la DNA y la DIICOT (la fiscalía antimafia).
La Comisión ha anunciado que seguirá de cerca el proceso de revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero ha señalado que ya se han hecho progresos. Vista desde Bruselas, la Agencia Nacional de Integridad sigue demostrando su eficacia. También a partir de ahí, hay resultados positivos en la investigación y sanción de la corrupción de alto nivel. En definitiva, la Comisión considera que, en el futuro, Rumanía debería acogerse al mismo mecanismo que se aplica a todos los Estados miembros, vinculando la concesión de dinero europeo al respeto del Estado de derecho. Desde el punto de vista del procedimiento, la evaluación de la Comisión es sólo una etapa. La decisión final sobre el final de la supervisión de la justicia en Rumanía depende de la opinión del Consejo, que incluye a los 27 Estados miembros, y del Parlamento Europeo. Sin embargo, por ahora, la clase política de Bucarest está exultante. Rumanía, según el presidente Iohannis, ha mostrado voluntad política y, sobre todo, un fuerte apoyo de los ciudadanos para corregir cualquier desviación de la senda democrática y reanudar rápidamente las reformas.
“Las autoridades de Bucarest siguen firmemente ancladas en la visión proeuropea, basada en la unidad, la democracia y el Estado de derecho», declaró Nicolae Ciucă, jefe liberal del gobierno de coalición PSD-PNL-UDMR.
«El régimen de Iohannis no se libera de la vigilancia europea», considera, sin embargo, desde la oposición, el líder de la USR, Cătălin Drulă, quien recuerda que la evolución del país será evaluada a través del mecanismo general, aplicable a todos los Estados miembros de la UE.
Versión al español: Victoria Sepciu
