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El Gobierno de Bucarest ha aprobado la extensión del estado de alerta por otros 30 días debido al brote de COVID-19.
România Internațional, 13.01.2021, 19:07
El Gobierno de Bucarest ha aprobado la extensión del estado de alerta por otros 30 días debido al brote de COVID-19.
Bucarest – El Gobierno de Bucarest ha aprobado el miércoles la extensión del estado de alerta por otros 30 días debido al brote de COVID-19. Por lo tanto, se mantiene, entre otras, la obligación de llevar mascarillas protectoras en espacios públicos cerrados y abiertos. En este contexto, tras una primera fase de la campaña nacional de vacunación contra la COVID-19 para el personal sanitario, a finales de esta semana en Rumanía comenzaría la segunda fase, que se dirige principalmente a los mayores de 65 años, a los enfermos crónicos y a los trabajadores de algunos sectores de actividad fundamentales para el funcionamiento del Estado. En una conferencia de prensa, el presidente del país, Klaus Iohannis, abogó por el éxito de esta campaña como requisito previo para volver a una vida normal y reiniciar los sectores económicos. El miércoles se notificaron más de 4.400 nuevos casos de Covid-19 en Rumanía, de las casi 33.000 pruebas realizadas. Las autoridades también informaron 88 muertes más asociadas con el nuevo coronavirus. 1.081 pacientes son admitidos en cuidados intensivos.
Bucarest – El Gobierno de Bucarest decidió el miércoles aumentar el salario mínimo bruto por economía de 2.230 lei (equivalente a unos 455 euros) a 2.300 lei (470 euros). Para el personal de la educación superior, el salario mínimo permanecerá congelado en 2.350 lei (unos 480 euros), como lo era hasta ahora. Los miembros del Gobierno también revisaron el proyecto de presupuesto estatal para este año, que se espera que entre en el debate del Parlamento el mes próximo. El primer ministro, Florin Cîţu, pidió a los ministros que le presentaran una situación con los proyectos prioritarios y les advirtió que también deben tener en cuenta el déficit presupuestario, que para este año se estima en el 7% del producto interno bruto.
7 de cada 10 rumanos creen que el país van en la dirección equivocada, revelan los resultados de una encuesta de opinión.
Bucarest – Los rumanos son pesimistas al comienzo del nuevo año sobre la situación general en el país, revela una encuesta realizada por el Instituto Rumano de Evaluación y Estrategia (IRES). Según sus datos, 7 de cada 10 rumanos creen que el país va en la dirección equivocada y que 2020 fue un mal año para Rumanía, sin embargo casi tres cuartas partes son optimistas y piensan que este año será mejor. La mitad de los encuestados estiman que es probable que la vida vuelva a la normalidad en Rumanía en 2021 después de los efectos de la epidemia de COVID, pero dos tercios no creen en la plena recuperación de la economía. Sólo una de cada 10 personas estima que los ingresos aumentarán este año. El estudio del IRES se llevó a cabo entre el 7 y el 8 de enero por teléfono en una muestra representativa a nivel nacional de 1.030 personas y tiene un margen de error de más – menos 3,1%.
Un ex primer ministro, un ex europrlamentario y la ex jefa de la Fiscalía Antimafia de Rumanía son protagonistas de casos de corrupción.
Bucarest – El presidente de Rumanía, Klaus Iohannis, aprobó el miércoles el enjuiciamiento del exprimer ministro y exjefe del Senado, Calin Popescu Tariceanu, acusado por la DNA de soborno. Entre 2007 y 2008, cuando fue primer ministro, supuestamente recibió beneficios materiales por valor de 800.000 dólares de representantes de una empresa austriaca. También el miércoles, el exeuroparlamentario del PDL Marian Zlotea fue condenado definitivamente a ocho años y medio de prisión por haber recibir sobornos de forma continua. Él obligó a los empleados de la Autoridad Nacional Sanitario-Veterinaria, que dirigía, a contribuir mensualmente a los fondos del PDL. En otro caso, el tribunal dictaminó mantener la condena a cuatro años de prisión de la ex jefa de la DIICOT (la Fiscalía Antimafia), Alina Bica, pronunciada en 2019, en un caso en el que fue acusada por la DNA de haber favorecido a un empresario. Bica huyó de Rumanía antes de la sentencia, inicialmente a Costa Rica, y ahora se encuentra en Italia, desde donde pidió no ser extraditada.
