Debates sobre la edad de jubilación de los magistrados
La coalición gobernante en Bucarest ha presentado una nueva propuesta de pensiones especiales, tras fracasar los proyectos anteriores.
Daniela Budu, 09.04.2025, 11:26
La edad de jubilación de los magistrados en Rumanía se elevará gradualmente hasta los 65 años y el límite máximo para calcular la pensión bajará hasta el 65% de los ingresos: son los últimos cambios propuestos a la ley sobre el estatuto de los jueces y los fiscales. El proyecto de ley, impulsado por la coalición gobernante PSD-PNL-UDMR, se enviará para dictamen y se debatirá en el Parlamento en Bucarest con carácter de urgencia. El documento está abierto a consulta pública hasta el 15 de abril.
El primer ministro, Marcel Ciolacu, ha declarado que Rumanía no puede permitirse perder 230 millones de euros del PNRR, por lo que ha presentado al Parlamento, junto con los demás líderes de la coalición gubernamental, un proyecto de modificación de la ley de pensiones especiales. Ha añadido que este proyecto pretende corregir las desigualdades entre los pensionistas, tanto en lo que se refiere a las cotizaciones como a la edad de jubilación: 65 años para todos, incluidos los «especiales».
En la actualidad, los fiscales y los jueces pueden jubilarse, independientemente de su edad, si cumplen 25 años de servicio en estos cargos. La propuesta es que, a partir de 2026, los jueces, incluidos los del Tribunal Constitucional, los fiscales y el personal jurídico especializado puedan jubilarse y recibir una pensión de servicio si cumplen la condición combinada de al menos 25 años de servicio en estos puestos y al menos 48 años de edad.
También a partir del año que viene, según el proyecto de ley, la edad de jubilación de los magistrados aumentará gradualmente seis meses cada año hasta 2045, cuando la edad de jubilación de los magistrados alcanzará los 65 años. Otra disposición importante es la reducción del límite máximo para calcular la pensión del 80% actual al 65% de los ingresos mensuales medios de los dos últimos años anteriores a la jubilación. Además, el importe neto de la pensión de servicio no podrá ser superior al 100% de los ingresos netos del último mes de trabajo antes de la jubilación.
Los lídere de la coalición gubernamental argumentan en la exposición de motivos que Rumanía se ha comprometido, a través del PNRR, a reformar las pensiones de servicio para corregir las desigualdades en materia de cotizaciones y de justicia social entre los beneficiarios de estas categorías de pensiones y los del sistema público. Las medidas que ahora se proponen son consecuencia del rechazo por el Tribunal Constitucional de Rumanía, el pasado mes de diciembre, del intento del Gobierno de introducir una fiscalidad progresiva de la parte no contributiva de las pensiones especiales.
También hay que mencionar que, en los últimos años, se ha intentado modificar las pensiones especiales, pero cada vez el Tribunal Constitucional ha impedido su aplicación. La última vez, en noviembre de 2023, el Tribunal Constitucional de Rumanía decidió mantener las pensiones especiales, y el Parlamento sólo tiene potestad para suprimirlas de cara al futuro. Los jueces del Tribunal Constitucional de Rumanía razonaron que retirar y abolir estas pensiones habría afectado a la integridad y la sustancia de un derecho legal adquirido.
Versión en español: Monica Tarău
