Reformas fiscales del Gobierno
El Gobierno de Bucarest prepara el tercer paquete de medidas fiscales.
Roxana Vasile, 20.11.2025, 11:02
Con el fin de reducir el déficit excesivo de Rumanía, el Gobierno de coalición de Bucarest está preparando el tercer paquete de medidas fiscales, que podría aprobarse la próxima semana, mediante la asunción de responsabilidad. En la administración local se prevé reducir los puestos ocupados o vacantes, o bien disminuir en un 10 % los gastos de personal. En la administración central se prevé un recorte del 10 % en los gastos de personal. Este tercer paquete debe adoptarse antes del presupuesto de 2026 para que haya disciplina financiera, declara el primer ministro liberal Ilie Bolojan. También precisa que la recomendación de que todos los ministerios reduzcan sus gastos en un 10 % no significa necesariamente una reducción de los salarios:
«Todas las leyes que establecen un presupuesto sobre bases sólidas, que controlan los gastos y que imponen disciplina presupuestaria deben adoptarse antes, por un lado. Por otro lado, es difícil empezar a hacer excepciones y todos los que ocupamos un cargo público, todos los ministerios, de una forma u otra, debemos participar en este esfuerzo. No hay que recortar los salarios, insisto, sino gestionar los gastos de personal, no contratar más, revisar los complementos salariales y reorganizar mejor las actividades».
Sin embargo, los socialdemócratas tienen una voz distinta en la amplia coalición en el poder sobre este tema. El PSD decidió el miércoles que no apoyará en ningún caso el recorte en un 10 % de los salarios de los funcionarios públicos que se pretende aplicar a partir del 1 de enero y abogó por otras medidas de reducción del gasto distintas a las propuestas por el primer ministro en el tercer paquete.
El líder de la formación, Sorin Grindeanu:
«Si hacemos cálculos, alrededor de 10 000 millones de leus, esa sería la cantidad que ahorraría el Estado si aplicáramos esta reducción del 10 % en los gastos de personal. Evidentemente, este ahorro se puede conseguir de otra manera, sin necesidad de recortar los salarios de los profesores, los médicos, los policías, los militares ni de nadie».
Por otra parte, en cambio, el proyecto de ley sobre la reforma del sistema de jubilación de los magistrados cuenta con el apoyo de toda la coalición gubernamental. Se trata de un sistema especial que, en la actualidad, convierte a los magistrados en una categoría profesional privilegiada, tanto por sus elevadas pensiones como por la baja edad de jubilación. Sin embargo, el nuevo proyecto de ley prevé que la pensión de un juez o fiscal no supere el 70 % de su última indemnización neta y que la edad de jubilación se incremente hasta los 65 años, durante un periodo de transición de 15 años, calculado a partir del 1 de enero de 2026.
El proyecto se ha publicado con transparencia decisoria y se enviará al Consejo Superior de la Magistratura para que emita su dictamen, tras lo cual el Gobierno asumirá su responsabilidad al respecto. Los profesionales del derecho tampoco están de acuerdo con la nueva versión de este proyecto, ya que la primera versión fue rechazada recientemente por el Tribunal Constitucional por motivos de procedimiento. Sin embargo, la reforma del sistema de jubilación de los magistrados, un hito en el PNRR, depende del desbloqueo de fondos europeos, tan necesarios especialmente en este periodo de austeridad.
