Certificado verde en Rumanía
En un contexto de aumento alarmante del número de casos de COVID-19 en Rumanía, el Ejecutivo rumano ha adoptado nuevas medidas.
Daniela Budu, 20.09.2021, 13:20
El certificado verde COVID es ahora obligatorio en Rumanía para acceder a algunos eventos, en todas las localidades donde la tasa de incidencia se sitúe entre los tres y los seis infectados por cada mil habitantes. El Gobierno introdujo su obligatoriedad el viernes mediante una resolución. El documento acredita estar vacunado, haber pasado la enfermedad o haber realizado un test, y es obligatorio para acceder a espectáculos, salas de cines, competiciones deportivas, bodas o bautizos. Tan solo quedan exentos los menores de seis años. Además, en el caso de cines o teatros se permite, a partir del lunes, el acceso de público hasta en un 50 % de su capacidad, siempre usando mascarillas de protección. En bares, clubes y discotecas la limitación es del 30 %, mientras que en los mítines pueden participar hasta cien asistentes. El secretario de Estado del Ministerio del Interior, Raed Arafat, considera que la nueva normativa no ocasiona situaciones discriminatorias:
«En primer lugar, me gustaría destacar que esta decisión no impone ninguna restricción. Así, en vez de cerrar todo por completo al sobrepasar la tasa de tres infectados por cada mil habitantes, para el rango de tres a seis por cada mil, se ha encontrado una solución que permite que las actividades económicas se realicen con un cierto control sanitario. En consecuencia, no podemos hablar de discriminación. Permitimos que participen personas de cualquier categoría, bajo la condición de pertenecer a una de estas tres: estar vacunado, hacerse la prueba, haber pasado la enfermedad.»
El primer ministro Florin Cîțu ha declarado que, al introducir dentro del país el certificado verde COVID obligatorio, el Gobierno ha perseguido el objetivo de mantener los centros educativos abiertos y de no parar la economía. Por otra parte, representantes del Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación, afirman que el certificado verde no debería adoptarse mediante una resolución del Gobierno, sino mediante una ley aprobada en el Parlamento, ya que argumentan que esta restringiría algunos derechos fundamentales. Ponen el ejemplo de Francia, que a principios de agosto implementó medidas similares, no obstante, mediante una ley. El Consejo Nacional para la Lucha contra la Discriminación no descarta la posibilidad de que haya ciudadanos que reclamen ante el Estado por discriminación. Por su parte, el extitular del Tribunal Constitucional, Augustin Zegrean, opina que las medidas adoptadas por la vía administrativa, no mediante un procedimiento aprobado por el Parlamento, podrían resultar inútiles si esta discrepancia acaba en el Tribunal Constitucional. Cabe añadir que, a escala europea, Italia, uno de los países más afectados por el coronavirus, es el primer Estado que ha introducido la obligatoriedad del certificado COVID para todos los empleados. El Gobierno italiano ha decidido que los certificados sean obligatorios tanto para los empleados del sector público como para los del privado. La medida se empezará a aplicar a partir del 15 de octubre y estará en vigor hasta finales de año. Cabe recordar que, desde el 13 de agosto de 2021, para cruzar fronteras estatales en la Unión Europea, tan solo se reconocen los certificados digitales como documentos acreditativos de estar vacunado, haber pasado la enfermedad, o de haber obtenido un resultado negativo en un test de RT-PCR. Es posible cruzar la frontera aun sin poseer dichos certificados, aunque se aplicarán las normas de cada Estado con respecto a las cuarentenas.
Versión en español: Víctor Peña Irles
