Dilemas de la explotación del oro
El proyecto de explotación del yacimiento de oro y plata de Roșia Montană, del centro de Rumanía, es una prioridad tanto para los ecologistas como para las autoridades
Florentin Căpitănescu, 06.09.2013, 17:43
Para el débil movimiento ecologista de Rumanía, el controvertido proyecto de explotación del yacimiento de oro y plata de Roşia Montană, iniciado por el Gobierno, es una buena oportunidad para mostrar más protagonismo. Las protestas organizadas esta última semana por los militantes ecologistas han llamado la atención sobre este proyecto, cuya historia tiene sus inicios a finales de la década de los noventa.
El asunto más controvertido de dicho proyecto se refiere a los procedimientos técnicos utilizados en la explotación del yacimiento, esto es, al uso de cianuros que, según los ecologistas, pueden afectar irremediablemente el medio ambiente. Por otra parte, advierten que están en peligro las galerías de esta zona, que datan de la época de los romanos.
Los argumentos del Ejecutivo de Bucarest a favor del proyecto destacan los beneficios económicos, beneficios nada despreciables en el contexto económico difícil de los últimos años: cinco mil millones de euros ingresarían en las arcas del Estado, varios cientos de puestos de trabajo para los vecinos de la zona. Recientemente, el Estado rumano ha vuelto a negociar las cláusulas del contrato con la empresa canadiense y ha conseguido subir las regalías mineras del 4% al 6%, así como la participación en este proyecto de un 20 al 25%. A pesar de esto, las cosas no van por el buen camino para el Ejecutivo de Bucarest. Entre otras, porque ha decidido presentar el proyecto al Parlamento sin haber conseguido anteriormente el visto bueno obligatorio de parte del Ministerio de Justicia que no ha tenido reparos en dar a conocer que algunos artículos incumplen la Ley Fundamental y violan la legislación de las expropiaciones.
Por otra parte, en este enfrentamiento entre los que defienden las normas medioambientales y el Gobierno ha intervenido, como era de esperar, un árbitro, papel asumido por el jefe del estado, Traian Băsescu. Este último ha evocado la posibilidad de organizar el próximo año un referéndum nacional destinado a zanjar la controversia, opinión que comparte también el primer ministro, Victor Ponta. Si el proyecto recibe luz verde, la explotación empezará al final del año 2016 y debería acabarse después de 2030.
(trad. Irina Calin)
