El nuevo Gobierno y las vacaciones parlamentarias
En julio y agosto el Gobierno rumano podrá emitir ordenanzas simples en sectores que no se someten a las leyes orgánicas. Por otro lado, este fin de semana, el nuevo Ejecutivo se ha enfrentado a las primeras manifestaciones.
Corina Cristea, 03.07.2017, 15:26
Hasta el 1 de septiembre, cuando el Parlamento reanudará su actividad mediante las reuniones en el pleno, el Ejecutivo de Bucarest podrá emitir ordenanzas simples en aquellos ámbitos que no se someten a las leyes orgánicas. Los documentos emitidos serán de ámbitos tales como el de las finanzas públicas y la economía, el desarrollo regional, la administración pública y los fondos europeos o la sanidad. El Gobierno podrá emitir ordenanzas en cuatro ámbitos del Ministerio de Defensa Nacional, es decir para la ratificación de acuerdos sobre la cooperación en el ámbito de la Defensa, para enmendar la legislación sobre la participación de las fuerzas armadas en las misiones y operaciones desarrolladas fuera de Rumanía, la entrada, la estancia y el desarrollo de las operaciones de las fuerzas armadas extranjeras en el territorio nacional y para la modificación del decreto ley del Gobierno sobre algunas medidas para reducir los gastos públicos y fortalecer la disciplina financiera. Aunque la oposición haya criticado el documento mostrando que en aquel momento no había un programa de gobierno y un ejecutivo nombrado, los representantes del poder han mostrado que el procedimiento estaba previsto en la Constitución y era normal.
Mientras tanto, el nuevo Gobierno de izquierda formado por el PSD y la ALDE se ha instalado anunciando los objetivos que se ha propuesto, y también se ha enfrentado a las primeras manifestaciones. Aproximadamente 1.000 personas de todas las edades, jóvenes en su mayoría, pero también ancianos y niños, muchísimos en bicicletas, iniciaron este domingo por la tarde delante de la sede del Ejecutivo la marcha “Juntos salvamos el país de los corruptos”. “Teniendo en cuenta que cinco meses desde el inicio de las manifestaciones más amplias de Rumanía la corrupción de alto nivel está todavía lejos se ser erradicada, la sociedad civil se está movilizando”, han anunciado los organizadores. Ellos han afirmado que han tomado esta decisión como una reacción a los acontecimientos de los últimos días, como el de poner un umbral para el abuso de poder. El 31 de enero de 2017, el Gobierno de Grindeanu adoptó el decreto ley 13, que aplicaba varias modificaciones a los códigos penales, siendo una de ellas la de establecer un umbral de 200.000 lei (casi 44.000 euros) para el delito de abuso de poder. Tras las grandes manifestaciones de Bucarest y del país, el Decreto Ley 13 de derogó mediante otro decreto ley. El Tribunal Constitucional ha decidido recientemente que, verificando las circunstancias en las que se adoptó el Decreto Ley 13, la Dirección Nacional Anticorrupción se arrogó la competencia de efectuar una investigación penal en un ámbito que supera el entorno legal. En base a la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía, la Fiscalía General decidió cerrar el expediente.
