Iniciativas relacionadas con la Ley de Remuneración Unitaria
En Rumanía se está debatiendo públicamente el proyecto de una nueva ley salarial, un hito del PNRR.
Corina Cristea, 08.05.2026, 11:48
Una de las reformas administrativas y económicas más importantes de Rumanía tras su adhesión a la Unión Europea, la Ley de Remuneración Unitaria tiene como objetivo principal establecer un sistema único y coherente de remuneración para todos los empleados remunerados con fondos públicos, con el fin de reducir las discrepancias entre instituciones y ámbitos presupuestarios.
Los primeros intentos de reforma surgieron entre 2009 y 2010, pero no fue hasta 2017 cuando el Parlamento rumano aprobó la ley que sustituyó los sistemas salariales anteriores e introdujo una escala única para los empleados del sector público, que incluye educación, sanidad, administración y justicia. El personal sanitario fue uno de los principales beneficiarios de los aumentos salariales, con el objetivo de reducir la emigración hacia los países de Europa occidental.
Los docentes también han recibido importantes aumentos salariales desde 2017, pero los sindicatos sostienen que el nivel salarial sigue estando por debajo de la media europea y que no es suficiente para atraer a los jóvenes a la profesión. Esta situación es solo un ejemplo del persistente descontento con respecto a la ley aún vigente. Aunque la ley se basa en varios principios fundamentales -equidad, transparencia, jerarquización y sostenibilidad presupuestaria-, en la práctica han surgido varias dificultades: diferencias salariales persistentes entre instituciones, aumento excesivo de algunos complementos, impacto importante en el presupuesto del Estado, aplicación desigual y numerosos procesos judiciales.
Estas son algunas de las razones por las que se ha preparado una nueva reforma salarial que se ha incluido como hito en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), que condiciona la obtención de importantes fondos.
El ministro interino de Fondos Europeos y Trabajo, Dragoş Pîslaru, asegura que las gestiones para ultimar y promover el proyecto de la nueva ley de remuneración unitaria, que se halla en fase de debate público, continúan incluso en las actuales condiciones. Es decir, en el actual contexto de inestabilidad política en Bucarest.
La nueva ley entraría en vigor el 1 de enero de 2027 y el ministro afirma que el proyecto necesita el mayor apoyo político posible, ya que no puede ser promovido por un Gobierno interino mediante una ordenanza, sino que solo puede ser aprobado por el Parlamento como proyecto de ley.
Dragoș Pîslaru:
«Junto con el equipo del Banco Mundial, hemos redactado un breve documento de dos páginas con los principios y aspectos esenciales que sirven de base para este proyecto. Como ya he anunciado, mi deseo es que exista un acuerdo político más amplio que garantice una mayoría parlamentaria dispuesta a respaldarlo. En este momento, el Gobierno ya no puede promulgar decretos de emergencia. Por lo tanto, el único marco a través del cual podemos adoptarlo es un proyecto de ley o una iniciativa parlamentaria. En cuanto al calendario, espero que, una vez que las cosas se calmen un poco, la semana que viene podamos contar con una reacción de los partidos sobre esta lista de principios».
Añadió que, tras la aprobación de esta ley, la «ecuación clave» dependerá del margen fiscal existente y de la dotación necesaria. «Lo que debemos hacer es no repetir la lección que recibió Rumanía cuando aprobó una Ley de Pensiones que no era sostenible, con aumentos que el presupuesto del Estado no podía soportar y que se tradujeron en un aumento del déficit», explicó el ministro.
Versión en español: Victoria Sepciu
