La Comisión de Venecia y las elecciones rumanas
La facultad del Tribunal Constitucional de invalidar elecciones debe regularse claramente, afirma la Comisión de Venecia
Bogdan Matei, 28.01.2025, 11:30
La crisis política sin precedentes de Bucarest no ha agotado sus ecos exteriores. La respetada Comisión de Venecia ha publicado su informe sobre la anulación de las elecciones presidenciales rumanas por el Tribunal Constitucional a finales del año pasado.
Las recomendaciones establecen que una decisión de este tipo no debe basarse únicamente en información clasificada, que no garantiza la transparencia necesaria, sino que debe indicar con precisión las violaciones y las pruebas. Además, el poder del Tribunal Constitucional para invalidar elecciones debería limitarse a circunstancias excepcionales y estar claramente regulado. Expertos independientes en derecho constitucional sostienen también que probar las violaciones de la ley a través de campañas online y medios sociales es especialmente difícil.
Al final, la Comisión de Venecia declina su competencia para pronunciarse sobre la decisión del Tribunal Constitucional rumano de anular las elecciones presidenciales. En Bucarest, los partidos de la oposición parlamentaria (AUR, USR y POT) reaccionaron inmediatamente y afirmaron que el órgano consultivo del Consejo de Europa confirmaba básicamente que la decisión del Tribunal era ilegal y abusiva.
Ex ministro de Justicia en un ejecutivo del PSD (aún hoy en el Gobierno, junto con el PNL y la UDMR), Tudorel Toader dice, sin embargo, que los expertos de Venecia solo emitieron dictámenes, no una decisión, y que sus sugerencias no son vinculantes. No obstante, reconoce que, por regla general, los Estados miembros de la UE adoptan las directrices que reciben para cumplir las normas del Estado de Derecho.
Organizada el 24 de noviembre de 2024, la primera vuelta de las elecciones presidenciales fue validada inicialmente por el Tribunal Constitucional, pero más tarde, basándose en documentos proporcionados por el Consejo Supremo de Defensa, el mismo Tribunal invocó la injerencia de un supuesto actor estatal y decidió anular todo el proceso electoral para la elección del presidente. A la segunda vuelta, prevista para el 8 de diciembre, iban a concurrir el nacionalista independiente Călin Georgescu, acusado de conexiones o al menos afinidades con la Rusia putinista, y la líder del proeuropeo USR, Elena Lasconi. Decenas de miles de rumanos ya habían votado en la diáspora, donde los colegios electorales para la ronda decisiva abrieron el 6 de diciembre, antes de que el Tribunal Constitucional decidiera invalidar el escrutinio.
Los costes de esas elecciones invalidadas ascenderían a casi 1400 millones de leus (equivalentes a unos 280 millones de euros) en un país en el que, según los analistas, los gobernantes acaban de adoptar duras medidas para frenar el gasto público, lo que ha desatado vehementes protestas laborales.
El 21 de diciembre expiraba el segundo y último mandato presidencial de cinco años del presidente Klaus Iohannis, pero su permanencia en la presidencia se prorrogó hasta la elección de un nuevo jefe de Estado, que deberá validar el Tribunal Constitucional.
Las nuevas elecciones presidenciales tendrán lugar en mayo, con la primera vuelta el 4 de mayo y la decisiva el 18 de mayo. Hasta entonces, las investigaciones sociológicas muestran que la confianza de los rumanos en las instituciones nacionales y en las personas que las controlan ha alcanzado sus niveles más bajos.
Versión en español: Antonio Madrid
