La Justicia destapa nuevos casos de corrupción
Las acciones en la Justicia rumana, en la que la Dirección Nacional Anticorrupción está desarrollando desde hace tiempo la operación Manos Limpias, siguen sacudiendo al ámbito político.
Valentin Țigău, 18.08.2015, 16:08
El palmarés de la Fiscalía sigue enriqueciéndose
de un año para otro. Solo en 2014 se registraron más de 1.500 condenas, entre
los acusados destacando ministros, parlamentarios, magistrados y policías.
Varios casos importantes, como el de la compañía Microsoft, en el que se vieron
implicados nueve ministros, el caso de la compañía Lukoil o el caso de EADS han
mostrado, por primera vez en la historia de Rumanía, a partir de 2005, que las
personas importantes pueden ser investigadas por lo que hicieron con el dinero
público, mientras ocupaban cargos públicos.
La institución que representa a la justicia
anticorrupción funciona sin parar. Las agencias de prensa han informado que
este lunes, el tribunal ha empezado la investigación del exministro del
Interior, Gabriel Berca, acusado de tráfico de influencias. La misma medida se
ha tomado en el caso del exdiputado Mihai Banu y de su hijo. Según la Dirección
Nacional Anticorrupción, Gabriel Berca, a través de Mihai Banu, pidió y
recibió, para él y el partido en el que estaba, sumas importantes de dinero por
parte de un empresario.
Este lunes también se ha anunciado que, siguiendo
la solicitud de la Dirección Nacional Anticorrupción, se volverá a juzgar el
proceso de Mariana Rarinca, la mujer acusada de haber chantajeado a la jefa del
Tribunal Supremo, Livia Stanciu. El tribunal había condenado a Rarinca a una
pena suspendida de tres años de prisión. Los jueces también decidieron seguir
investigando en prisión al exfiscal de la Dirección Nacional Anticorrupción,
Emilian Eva, acusado, entre otros, de haber cobrado sobornos. Eva es el fiscal
que se encargó del caso de una privatización ilegal en la que el
exparlamentario Dan Voiculescu fue condenado a 10 años de prisión.
A su vez, la Agencia Nacional de Administración
Fiscal ha iniciado la verificación de 300 personas analizando sus ingresos y
sus gastos. Más del 70% de ellas deben justificar sumas de dinero que superan
un millón de lei. El período de verificación es de cómo máximo 6 meses, 12
meses respectivamente si se necesita también información procedente del
extranjero.
Asimsimo, se están desarrollando acciones
anticorrupción en la Inspectoría de Policía del Distrito de Prahova, donde el
jefe de la institución está acusado, entre otros, de blanqueo de dinero, y
también en las inspectorías escolares de Suceava, Bihor, Prahova y Brăila,
donde existen numerosas transferencias de estudiantes de un instituto a otro
sospechosas de ser ilegales.
Los expertos en la justicia consideran que el gran
número de casos de corrupción se debe a una combinación de factores: la presión
externa y la voluntad de algunos actores internos (sobre todo políticos) de
dirigir al país al camino de las reformas.
(Traducido por Monica Tarau)
