Las leyes sobre Justicia, modificadas por el Gobierno
Las leyes sobre justicia pasan el filtro del Ejecutivo y entran en debate en el Parlamento.
Ştefan Stoica, 25.08.2022, 14:34
Dos años después de presentarlos a debate público, los proyectos de ley sobre justicia han recibido la aprobación del Ejecutivo rumano y se han trasladado al Parlamento para su debate y adopción. Los tres proyectos conciernen el estatuto de los jueces y fiscales, la organización judicial y el estatuto del Consejo Superior de la Magistratura (CSM). Su iniciador, el ministro competente, Cătălin Predoiu, espera que, después de pasar por el filtro del Parlamento, las leyes permitan resolver un elemento importante del Mecanismo de Cooperación y Verificación (MCV). Realizar una reforma profunda en este ámbito es una exigencia impuesta por la Comisión Europea desde la creación del MCV en 2007, año en que Rumanía entró en la Unión Europea. Las autoridades rumanas esperan que se suprima este mecanismo. Lo cuenta Cătălin Predoiu:
«Significa cumplir la exigencia central del MCV y, sí, creo que nos encontramos en un punto en el que podemos plantearnos esta cuestión, una vez se aprueben las leyes, por supuesto, en una forma que mantenga el nivel cualitativo de la normativa y los objetivos que nos hemos marcado.»
Los documentos han recibido el dictamen consultivo del CSM. Sin embargo, desde que se encuentran en debate, los proyectos han recibido críticas de las asociaciones de magistrados y de la sociedad civil, quienes han presentado enmiendas. La coalición de Gobierno del Partido Social Demócrata (PSD), el Partido Nacional Liberal (PNL) y la Unión Democrática de los Húngaros de Rumanía (UDMR) ha anunciado que apoya la aprobación de las tres leyes. Desde la oposición, la Unión Salvar Rumanía (USR) cree, sin embargo, que no hay ninguna posibilidad de que se suprima el Mecanismo de Cooperación y Verificación merecidamente. En su forma actual, los proyectos de ley de justicia alejan a Rumanía de la senda de las reformas y someten al poder judicial a la red antirreformista creada en el seno del propio poder judicial, según acusan desde la USR. En un comunicado, el partido afirma que las nuevas leyes de justicia dejan claro que no desaparece la Sección Especial que se ocupa de los casos de los magistrados, sino que simplemente se transforma, y que la influencia política a la hora de nombrar a los fiscales permanece intacta, a pesar de las recomendaciones de los socios europeos.
Han formulado críticas similares los representantes del partido REPER, del ex primer ministro tecnócrata Dacian Cioloș, quienes acusan al ministro Predoiu de eludir con astucia las peticiones de la Comisión Europea y del resto de organismos internacionales que supervisan la evolución de la justicia en Rumanía. Cătălin Predoiu ha rechazado las críticas realizadas en el espacio público sobre determinados aspectos de los proyectos de ley y ha afirmado que todos los trámites legislativos realizados hasta ahora por el ministerio que dirige, así como el resto de documentos en preparación, incluida la modificación de los códigos penales, conllevarán la resolución del punto central del MCV. Expertos en la materia ya han identificado varios escollos importantes en los proyectos. Uno de ellos sería la supresión de las disposiciones relacionadas con el nombramiento y el cese de los agentes de policía que participen en las investigaciones judiciales por orden del fiscal general. La desaparición de estas disposiciones allanaría el camino para el control político de los funcionarios de la policía judicial, según los expertos.
Versión en español: Víctor Peña Irles
