Ley para centrales hidroeléctricas en espacios protegidos
Promulgada la ley que permite continuar la construcción de centrales hidroeléctricas iniciadas antes de que las zonas fueran incluidas en el régimen de espacios protegidos
Daniela Budu, 10.09.2026, 10:29
El presidente de Rumanía, Nicușor Dan, promulgó la ley que permite, en circunstancias excepcionales, modificar los límites de determinados espacios naturales protegidos para continuar algunas obras hidroeléctricas iniciadas antes del 29 de junio de 2007.
La norma completa la ordenanza de urgencia sobre el régimen de los espacios naturales protegidos y modifica la ley relativa a la evaluación del impacto ambiental de determinados proyectos públicos y privados.
La excepción se aplica exclusivamente a las superficies para las que, a fecha de 29 de junio de 2007, se habían aprobado mediante decisiones del Gobierno o decretos estatales inversiones hidroeléctricas que se encontraban en ejecución o que se habían iniciado antes de esa fecha.
Según la norma, la autoridad central responsable de la protección del medio ambiente, las aguas y los bosques deberá modificar los límites de los espacios naturales protegidos en un plazo máximo de 60 días desde la solicitud del beneficiario. Los nuevos límites deberán trazarse de manera que las instalaciones hidroeléctricas, las vías de acceso, las estaciones y las correspondientes redes de transporte y distribución queden fuera del espacio protegido.
Las disposiciones no se aplican a los proyectos cuyo objetivo exclusivo sea la defensa, la seguridad nacional o la intervención en situaciones de emergencia, ni a los designados por el Consejo Supremo de Defensa del País por estar relacionados con dichos objetivos.
El jefe del Estado recurrió esta ley ante el Tribunal Constitucional en noviembre de 2025. Su recurso de inconstitucionalidad señalaba entonces que la ley vulneraba el derecho fundamental a un medio ambiente saludable, contravenía las directivas europeas sobre protección de los hábitats y eliminaba las evaluaciones ambientales y las medidas compensatorias exigidas por la Unión Europea.
«La independencia energética de nuestro país es un objetivo especialmente importante, pero debe alcanzarse de manera sostenible, y Rumanía tiene la obligación constitucional y europea de proteger el patrimonio natural y garantizar a cada ciudadano el derecho a un medio ambiente saludable», señaló entonces Nicușor Dan.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional rechazó el recurso del presidente. La petición de reconsideración de la ley también fue rechazada por el Parlamento.
Las organizaciones ecologistas también protestaron entonces y denunciaron que decenas de parques nacionales y naturales serían «mutilados» para finalizar proyectos cuya aportación energética a escala nacional es prácticamente inexistente, inferior al 1 %.
Por su parte, la empresa estatal Hidroelectrica, el mayor productor de electricidad de Rumanía, y su accionista mayoritario, el Ministerio de Energía, llevan tiempo quejándose de que numerosos proyectos históricos de centrales hidroeléctricas, muchos de ellos en fases muy avanzadas de ejecución, no pueden concluirse debido a la legislación medioambiental, incluidos los litigios iniciados por ONG especializadas en este ámbito.
Tras la promulgación, el promotor de la ley, el senador del PSD Daniel Zamfir, señaló que esta permitirá continuar la construcción de las centrales hidroeléctricas iniciadas antes de que las zonas correspondientes fueran incluidas en el régimen de espacios protegidos, y que su finalización es importante para la independencia energética de Rumanía.
Versión en español: Valeriu Radulian
