Los fantasmas del pasado comunista
Casi 25 años tras la caída del comunismo en Rumanía, el número de los antiguos torturadores del régimen comienzan a darse a conocer
Florentin Căpitănescu, 19.09.2013, 16:26
«Quiero asegurar al partido que me crió y me educó que seguiré luchando perseverantemente contra los enemigos de nuestro pueblo trabajador y los golpearé sin piedad.” Este era el compromiso de uno de los acólitos del regimen comunista de Rumanía, llevado a cabo, desgraciadamente, mientras dirigía una de las numerosas cárceles de la muerte entre los años 1945-1989. Ion Ficior (de 85 años de edad), ex director del campamento terrible de Peridava, un lugar aislado en el Delta del Danubio, ha sido acusado de genocidio por el Instituto para la Inverstigación de los Crímenes del Comunismo y la Memoria del Exilio Rumano (IICCMER), que lo entregó a la justicia.
Según el expediente de acusación hecho por dicho Instituto, en el período 1958-1963, Ficior introdujo y coordinó un regimen de detención represivo, abusivo, inhumano y atroz contra los presos políticos detenidos en Peridava. Los métodos de tortura iban desde la privación de comida y medicamentos, hasta suplicios inimaginables. Dicho tratamiento se aplicó, según al IICCMER, a 103 contrarrevolucionarios, llamados en aquel entonces, positores del regimen comunista. Ficior es el segundo nombre de torturador, de una lista de 35, hecho público por el mencionado Instituto. Y, como en Rumanía a veces los crímenes son remunerados, esos torturadores gozaron, incluso tras la caída del régimen, de pensiones consistentes, como si fueran ancianos respetables que hubieran servido a su país al más alto nivel.
La pensión que Fecior recibe actualmente asciende a 5.100 lei, eso es, unos 1.200 euros, lo que equivale al salario de un ministro en funciones. Conciente de lo absurdo de la situación, el Gobierno de Bucarest, según el principio “más vale tarde que nunca”, trata de imponer, por ley, compensaciones que los verdugos comunistas deberían pagar a sus propias víctimas. Oficialmente, el regimen comunista, con todos los horrores que lo acompañaron, fue condenado apenas en 2006, 17 años tras su caída. Así se explica por qué las víctimas que soportaron tratamientos inhumanos en las cárceles comunistas no recibieron compensaciones, como era natural, de parte del Estado. Por otra parte, la condena del comunismo no conllevó leyes reparatorias, como por ejemplo una Ley de depuración.
Semejante ley, destinada a limitar e incluso bloquear el acceso de las personas que integraron el aparato político represivo del antiguo régimen a los cargos públicos, nunca fue adoptada. Y eso no es todo. Ni siquiera el célebre expediente de la Revolución, en el cual deberían haber comparecido ante la justicia los culpables por los acontecimientos sangrientos de 1989, que llevaron a la caída del comunismo, fue finalizado. En este contexto, está claro que la Rumanía contemporánea, país miembro de la UE y de la OTAN, todavía no ha saldado las cuentas con el pasado.
(Traducción: Luminița Ganea)
