Los políticos y la modificación de la legislación penal
El riesgo de cualquier efecto peligroso de la ordenanza con la que el Gobierno rumano intentó modificar el Código Penal se ha eliminado, una vez rechazada en el Legislativo.
Ştefan Stoica, 22.02.2017, 13:44
Iniciada el 31 de enero, la historia de la célebre ordenanza de urgencia 13 que relajaba de manera discutible la legislación penal y favorecía así a las personas acusadas de corrupción, ha acabado exactamente tres semanas después de adoptarse. Los diputados de todos los colores políticos han votado este martes a favor de rechazarla y han aprobado inmediatamente la ordenanza 14, que derogaba a la primera. La derogación se hizo en el contexto de las amplias protestas antigubernamentales que comenzaron el 31 de enero y que no han acabado todavía. La ordenanza 13 fue un error que ha afectado gravemente a la credibilidad del país, ha acusado nuevamente la jefa del PNL, Raluca Turcan:
“Afortunadamente, la acción abusiva y poco transparente que ha indignado a toda Rumanía parece haberse borrado. Pero existe un mal irremediable, que todos conocemos, el de quitar la credibilidad de Rumanía, la falta de confianza en este Gobierno, la falta de predictibilidad en las acciones de este Gobierno.”
El diputado de la Unión Demócrata de los Húngaros de Rumanía (UDMR), Attila Korodi, ha llamado la atención sobre la necesidad de modificar la legislación penal para cumplir la Constitución, pero ha destacado que esto no se puede hacer mediante ordenanzas de gobierno. Attila Korodi:
“Fue un error el año pasado, es un error este año y siempre será un error. Actualmente, en la legislación rumana, las decisiones del Tribunal Constitucional no se han transpuesto todavía, no se han reglamentado. Es la responsabilidad de todas las fuerzas políticas de la Cámara de los Diputados arreglar el Código de Procedimiento Penal y el Código Penal, de tal manera que no haya más incertidumbre en el espacio público, incertidumbre en las decisiones de los tribunales, porque la legislación no se ha finalizado.”
El representante de la USR, Dan Barna, opina que sin embargo ha quedado algo positivo de esta historia:
“Si hay que encontrar algo positivo en el abuso de derecho que pasó el 31 de enero, esto es que ha traído el derecho a la sociedad más que cualquier debate sobre la Constitución o sobre otra ley hasta ahora en Rumanía. Los ciudadanos de todos los niveles hablan sobre las ordenanzas, lo que es al fin y al cabo un elemento positivo.”
Por parte del poder, la socialdemócrata Ana Birchall ha declarado que espera que los futuros debates sobre la legislación penal no permitan que la Justicia sea empleada políticamente:
“Creo que a través del voto de la Cámara de los Diputados puede acabar para siempre este debate público sobre las dos ordenanzas. La postura del Gobierno se ha expresado también mediante el voto de hoy, es decir que se ha apoyado la derogación de la ordenanza 13 y por lo tanto espero que de todos los debates del espacio público sobre este tema se tomen en cuenta las cosas constructivas. Pero desearía mucho que la Justicia no se convierta en un campo de batalla para las apuestas políticas.”
Ana Birchall ha sido la interina en la dirección del Ministerio de Justicia, sustituyendo a Florin Iordache, quien promovió la criticada ordenanza 13 y presentó su dimisión unos días después de ser derogada.
