Modificaciones en la política fiscal del Gobierno de Rumanía
El Ejecutivo de Rumanía ha modificado este viernes algunas ordenanzas de urgencia en algunos sectores clave de la economía.
Leyla Cheamil, 29.03.2019, 13:26
El Gobierno de Bucarest ha aprobado este viernes la modificación de tres ordenanzas de urgencia, entre las cuales está también la célebre Ordenanza 114, llamada “de la codicia”, que prevé imponer nuevas tasas en algunos sectores importantes de la economía: bancos, telecomunicaciones y energía. El documento que ha polarizado la atención de la clase política había recibido el visto bueno del Gobierno del PSD y la ALDE sin previas consultas con aquellos a los que les afectan los cambios y ha sido criticado tanto en Rumanía, como en el extranjero, sobre todo por los colaboradores europeos.
Según la primera ministra Viorica Dăncilă, entre los objetivos de la modificación de las tres ordenanzas está la reducción de los costos de los préstamos de los rumanos y el crecimiento del número de las compañías rumanas que recibirán préstamos ventajosos de los bancos. La mandataria ha añadido que mediante estos cambios, en la fórmula de cálculo del interés para los préstamos en lei entrará un indicador calculado exclusivamente según las transacciones interbancarias, que se publican en la página web del Banco Nacional de Rumanía. De esta manera, desaparece de la fórmula de cálculo el índice ROBOR, el tipo de interés de la oferta interbancaria.
A partir del 2 de mayo, el nuevo índice de referencia se aplica a los nuevos préstamos contratados por la población. Por lo tanto, el nuevo índice se aplica también a los nuevos préstamos de refinanciación de los préstamos que están en desarrollo. Al mismo tiempo, las modificaciones afectarán también al Pilar II de pensiones de administración privada. La primera ministra Viorica Dăncilă ha anunciado que han tenido lugar consultas con los accionistas y los administradores de pensiones privadas de Rumanía, el Ministerio de Trabajo y Justicia Social, la Autoridad de Supervisión Financiera, así que hasta el 31 de mayo se suspende la puesta en marcha de las reglamentaciones sobre las demandas de capital impuestas a los administradores de los fondos de pensiones. La medida es necesaria, ha explicado la jefa del Ejecutivo rumano, para permitir a los administradores de los fondos de pensiones privadas adaptarse a las nuevas condiciones de capital social en el mercado. Durante la suspensión se volverá al capital social mínimo obligatorio previsto para un administrador de un fondo privado de pensiones de como mínimo el equivalente en lei de 4 millones de euros.
Por otro lado, también en el sector de la energía se ha introducido una serie de aclaraciones y reglamentaciones. Según la primera ministra, éstas tienen por objetivo, entre otros, acelerar las inversiones en el sector de la energía eléctrica, desarrollar las redes de distribución del gas natural mediante la introducción de la posibilidad de realizar esto también con fondos públicos por parte de las unidades administrativas territoriales. Al mismo tiempo, se mantiene el límite del precio del gas y la energía eléctrica para todos los consumidores caseros, junto con la renuncia al límite de los mismos para los consumidores industriales tras los debates con los representantes de la industria y de la UE.
