Nuevas acciones contra la corrupción
La Dirección Anticorrupción de Rumanía (DNA) vuelve a obtener una valoración positiva de su actividad.
Florentin Căpitănescu, 08.12.2014, 18:11
Creada hace más de diez años como la principal institución destinada a luchar contra lo que es considerado la enfermedad incurable de la administración rumana, la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) ha sido un logro importante.
Si anteriormente era considerada una entidad casi inútil, que gestionaba los pocos expedientes existentes, en los últimos años la DNA ha logrado sorprender a sus opositores. El hecho de que investiga a la administración hasta los más altos niveles y debido a las victorias memorables que ha conseguido en los tribunales como en el caso de un exprimer ministro, el socialdemócrata Adrian Năstase, condenado a prisión, le han creado la imagen de una institución capaz de luchar contra todos los mandatarios corruptos. Sin ninguna excepción. El último político importante investigado por los fiscales anticorrupción es el presidente del Consejo Local de Buzău, Cristinel Bîgiu, que se encuentra en prisión preventiva durante 30 días acusado de cohecho. Fue sorprendido in fraganti, mientras recibía 50.000 lei (unos 11.000 euros) por parte de un empresario al que había ayudado a firmar un contrato con dinero público.
También se ha aplicado prisión preventiva al ahijado de Bîgiu, acusado de complicidad en el mismo expediente, por haber servido como intermediario en la transacción . Sin embargo, el caso del presidente del Consejo Departamental de Buzău no suscita mucho interés entre el público. Este caso forma parte de una serie de casos de corrupción investigados en este periodo y que confirman la eficiencia de la DNA por un lado, y por otro lado, la amplitud de esta epidemia de corrupción. En el caso Microsoft, por ejemplo, están investigados nada menos que 9 exministros miembros de varios gobiernos, así como algunos empresarios poseedores de grandes fortunas.
Según los fiscales, en el caso Microsoft el daño alcanza decenas de millones de euros y procede de la adquisición fraudulenta de licencias IT destinadas al sistema de Educación. En otro caso de corrupción, está investigada la jefa de la Dirección de Investigación de las Infracciones del Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT), Alina Bica, junto con el diputado Marko Atilla. En 2011, cuando era secretaria de Estado en el Ministerio de Justicia y formaba parte de la comisión que gestionaba la devolución de algunos terrenos, Bica habría facilitado el pago de compensaciones ilegales por un terreno de la periferia de la capital. En los últimos 25 años, tras la caida del comunismo, en Rumanía no se han cerrado muchos casos de corrupción con grandes nombres. Sin embargo, más vale tarde que nunca, porque en Rumanía faltan muchas cosas pero no falta la corrupción, en todos los ámbitos y en todos los niveles.
(traducido por S.Sarbescu)
