Nuevos expedientes de corrupción
La clase política rumana parece estar siempre afectada por la corrupción. Por eso, la Fiscalía Anticorrupción abre consecuentemente nuevos expedientes.
Florentin Căpitănescu, 30.10.2015, 14:53
En los últimos dos o tres años, toda una serie de parlamentarios y mandatarios locales, como serían alcaldes de las grandes ciudades o jefes de los Consejos departamentales perdieron sus cargos. Eso, porque muchas investigaciones realizadas por la Fiscalía Anticorrupción finalizaron con condenas, a las cuales se añaden las decisiones de incompatibilidad pronunciadas por los Tribunales que juzgaron los expedientes de la Agencia Nacional de Integridad (ANI). Sin embargo, todavía hay exalcaldes o actuales alcaldes que intentan probar su inocencia en los Tribunales.
Es también el caso del alcalde suspendido de la capital, el independiente Sorin Oprescu, acusado de cohecho, abuso de funciones y blanqueo de dinero, que se encuentra en detención domiciliaria después de que la Corte de Apelaciones de Bucarest hubiera aprobado su solicitud de salir del penitenciario por razones de salud. Lo que, según escribe la prensa central, no le impide ejercer su segundo mandato y soñar con un tercero, como él mismo declaraba. Tampoco se encuentra en una situación confortable desde el punto de vista jurídico el alcalde suspendido de la ciudad de Iaşi, del nordeste del país, Gheorghe Nichita, sospechoso de haber pedido y recibido cohecho a cambio de la concesión de un contrato de más de 15 millones de euros.
Oprescu y Nichita son solo dos nombres en la larga lista de los alcaldes de las grandes ciudades que deben enfrentarse a la justicia. Radu Mazăre de Constanţa, en el sudeste de Rumanía, ciudad puerto al mar Negro, Romeo Stavarache de Bacău, en el nordeste del país, o Gheorghe Ştefan de Piatra-Neamţ, también del nordeste de Rumanía, figuran también en la lista de los mandatarios investigados penalmente. En otro nivel de envergadura política, Elena Udrea, exministra de Desarrollo Regional, actualmente diputada, ha necesitado esta semana el voto de sus compañeros parlamentarios para que fuera rechazada la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de detenerla preventivamente.
En cambio, los parlamentarios aprobaron la solicitud de iniciar su investigación penal. Udrea está acusada de haber recibido cohecho de casi 4 millones de dólares de un empresario, cuando era ministra, para facilitarle la firma de un contrato con una compañía estatal del sector energético. Con estos expedientes, a los cuales se suman muchos otros, la Fiscalía Anticorrupción se ha convertido en un punto de referencia no solo entre las instituciones judiciales, sino en la administración rumana en su conjunto.
