Un caso complicado
La Dirección Nacional Anticorrupción ha pedido iniciar acciones penales contra nueve exministros en el caso Microsoft dentro de una investigación sin precedentes en Rumanía.
Roxana Vasile, 30.09.2014, 16:25
La justicia rumana ha iniciado una dura batalla contra la corrupción al más alto nivel con un seguimiento estricto por parte de Bruselas. En los últimos dos años, un ex-primer ministro así como varios ministros y políticos con altos cargos han recibido penas de prisión. En esta ocasión, si las sospechas de la Dirección Nacional Anticorrupción también se confirman, los rumanos podrían ver uno de los casos más interesantes de este periodo.
Concretamente, a finales de la semana pasada, la DNA pidió al Presidente y al Parlamento de Bucarest, así como al Parlamento Europeo, que levantaran la inmunidad para poder iniciar acciones penales contra nada menos que nueve exministros, representantes de varios partidos y gobiernos, tanto de la izquierda como de centro-derecha. Los fiscales anticorrupción acusan a estos ministros de supuesto tráfico de influencias, prevaricación, cohecho y blanqueo de dinero en un caso que se refiere a la concesión de licencias IT. Dichos delitos datan de 2001, y entre los contratos también figura uno de compra de licencias para algunos productos de la compañía Microsoft de EE.UU, firmado por el Gobierno de Bucarest y Fujitsu Siemens Computers, esta última supuestamente favorecida.
Según la Dirección Nacional Anticorrupción, de los 54 millones de dólares que pagó el Ejecutivo, unos 20 millones representaron comisiones de venta para las personas implicadas en este contrato, incluso funcionarios de algunos ministerios. Otro documento investigado por los fiscales anticorrupción se refiere a la adquisición por parte del Ministerio de Educación de casi 180.000 licencias Microsoft destinadas a las escuelas de Rumanía, que superan en 73.000 el número de ordenadores compatibles existentes en los institutos en el momento de la firma del contrato.
Supuestamente, este contrato habría causado al Estado un daño que ronda los 5 millones de euros. Además, la DNA ha identificado una serie de pagos a las cuentas bancarias de al menos tres de los ministros investigados. Los nueve acusados se declaran inocentes. La social-demócrata Ecaterina Andronescu, exministra de Educación, rechaza las acusaciones y declara que nunca ha cobrado ni un euro de nadie. El ex secretario general del Gobierno de izquierda entre 2000 y 2003, Şerban Mihăilescu, también ha declarado que las acusaciones no tienen nada que ver con la realidad.
Por último, pero no menos importante, Daniel Funeriu y Valerian Vreme, acusados de prevaricación, se han autosuspendidos como miembros del partido de centro-derecha, Movimiento Popular, que reafirma su total apoyo para la independencia de la justicia. Como las ramificaciones de estos casos investigados son largas y numerosas, la labor de la DNA se presenta complicada. La Dirección, que ha estado acusada en más de una ocassión de afiliación política, tiene la oportunidad de contradecir a sus detractores y de demostrar que respeta el siguiente principio: la corrupción no tiene color político”.
