Una evaluación largamente esperada
El fiscal general de Rumanía, Augustin Lazar, y la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción Laura Codruta Kovesi permanecerán en el cargo.
Ştefan Stoica, 30.03.2017, 14:10
Derogado por la presión de la calle, el Decreto Ley 13 a través del cual el Ejecutivo de Bucarest integrado por el PSD y la ALDE intentó relajar la legislación penal anticorrupción sigue produciendo efectos. El Tribunal Constitucional decidió recientemente que la DNA había asumido competencias que no le corresponden a la hora de investigar el modo en que fue promovido dicho decreto ley. Impulsado por la decisión del Tribunal, el ministro de Justicia decidió que era necesario evaluar la actividad de los jefes de la Fiscalía General y de la DNA. Tudorel Toader ha precisado que la decisión de evaluar la actividad de los dos fiscales no había sido ordenada políticamente por el PSD. Después de una clase de derecho constitucional que duró casi una hora, verdadera prueba de resistencia para los periodistas, el ministro ha hecho el anuncio esperado:
“Al evaluar todos los factores de constitucionalidad y legalidad he decidido que en este momento no es oportuno iniciar el mecanismo institucional para revocar del cargo al fiscal general y a la fiscal jefe de la DNA.”
Sin embargo, la decisión del Tribunal Constitucional según la cual los fiscales no tienen atribuciones para censurar los documentos gubernamentales, obliga al Ministerio a tomar medidas:
“Consideramos que es oportuno instituir una atenta monitorización de la obligación de informar sobre la actividad desarrollada por los fiscales de la DNA, la Dirección de Investigación de las Infracciones de Criminalidad Organizada y Terrorismo (DIICOT), la Fiscalía adjunta al Alto Tribunal de Justicia, autoridad que debe ejercer el ministro de Justicia y la ejerceré sin que alguien intervenga en la independencia del fiscal de dar soluciones. ”
En su calidad de defensor declarado de los esfuerzos de los fiscales para combatir la corrupción, el presidente Klaus Iohannis ha afirmado que está contento con la actividad del fiscal general y de la fiscal jefe de la DNA. El jefe del Estado no comparte la opinión del ministro de Justicia en referencia a las supuestas irregularidades de la DNA pero tampoco ha discutido el derecho a monitorizar la actividad de las fiscalías. Klaus Iohannis:
“Espero que el señor ministro apoye al Ministerio público, al fiscal general y a los fiscales jefes de la DNA y la DIICOT para que éstos cumplan mejor sus misiones. Si trabajan juntos en lo que hemos denominado una cooperación leal entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio público, las cosas pueden funcionar mejor que al comienzo del año cuando el Ministerio de Justicia y el Ministerio público tuvieron posiciones divergentes en cuanto al Decreto Ley 13.”
El primer ministro Sorin Grindeanu ha precisado en un comunicado que desea estar informado constantemente sobre los resultados de la monitorización continua de la actividad de los fiscales y ha asegurado que el Gobierno está firmemente comprometido en la lucha anticorrupción.
