Avance informativo, 03.09.2026
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Newsroom, 03.09.2026, 13:05
CONSEJO EUROPEO – El presidente de Rumanía, Nicuşor Dan, ha recibido este jueves en Bucarest al presidente del Consejo Europeo, António Costa, que se encuentra en una visita para consultar las prioridades y preocupaciones de Rumanía. A continuación, Costa se desplazará a Bulgaria y Grecia, como parte de una gira por las capitales europeas cuyo tema principal es el futuro presupuesto de la UE para el período 2028-2034.
Asimismo, el responsable europeo se ha propuesto conocer la postura de los Estados miembros sobre temas como la ampliación de la UE y el apoyo a Ucrania.
RUSIA – El embajador de Rusia en Bucarest, Vladimir Lipaev, será convocado a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores rumano, a raíz del ataque con drones contra el aeropuerto de Leipzig, según ha anunciado la ministra de Asuntos Exteriores en funciones, Oana Ţoiu.
La responsable rumana ha subrayado que las autoridades de Bucarest se solidarizan con Alemania y con los demás Estados europeos que se han enfrentado a actividades híbridas, injerencias y provocaciones imprudentes e insistentes por parte de Rusia. «Actuamos con firmeza y de forma conjunta, como Estados miembros de la UE y aliados de la OTAN», ha añadido la ministra de Asuntos Exteriores en funciones.
Por otra parte, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, han asegurado que la presión sobre Rusia continuará e incluso aumentará, tras el ataque híbrido con drones contra el aeropuerto de Leipzig, atribuido a Moscú.
DEFENSA – El Tribunal Superior de Casación y Justicia rumano dictará este jueves la sentencia definitiva en el proceso que ganó en primera instancia contra el Gobierno y el Ministerio de Hacienda en relación con el pago de los atrasos salariales a los magistrados, derivados de unos aumentos establecidos con carácter retroactivo mediante sentencias judiciales.
El proceso se encuentra en fase de recurso, después de que el Tribunal de Apelación de Bucarest admitiera el 5 de mayo la demanda presentada por el Tribunal Superior de Casación y Justicia y obligara al Gobierno y al Ministerio de Hacienda a pagar, incluso mediante una rectificación presupuestaria, los derechos salariales atrasados de los magistrados.
La cuantía de este proceso asciende a unos 5000 millones de leus (aproximadamente 950 millones de euros).
