El comisario europeo de Justicia, en Bucarest
El Estado de derecho en Rumanía vuelve a estar en el punto de mira de la Comisión Europea.
Bogdan Matei, 13.02.2026, 11:42
El comisario de Democracia, Justicia, Estado de derecho y Protección al Consumidor de la Unión Europea, Michael McGrath, se reunió con el primer ministro rumano, Ilie Bolojan, en el marco de una misión técnica para la consolidación de la democracia y el Estado de derecho en Rumanía.
El responsable comunitario también mantuvo conversaciones con representantes de la dirección del sistema judicial y de la fiscalía, con magistrados, con organizaciones de la sociedad civil, así como con los ministros de Asuntos Exteriores y de Justicia, Oana Ţoiu y Radu Marinescu, respectivamente. Todas estas reuniones forman parte del proceso de elaboración del informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en los países miembros de la Unión.
El primer ministro, Bolojan, afirmó que, tras el abandono del Mecanismo de Cooperación y Verificación, mediante el cual Bruselas supervisaba el funcionamiento de la justicia rumana, «el peso del factor político en la gestión de la carrera de los magistrados se ha reducido significativamente y las responsabilidades relativas a los presupuestos y los ascensos se han transferido a las estructuras directivas del sistema judicial». «El objetivo de estos cambios era consolidar la independencia judicial y restablecer el equilibrio institucional», añadió. Era inevitable que sacara a colación «la reforma de las pensiones de servicio y la sostenibilidad del sistema en el contexto de las presiones presupuestarias y los hitos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia, teniendo en cuenta las diferencias significativas entre las pensiones del sector de la justicia y la media nacional».
El tema ocupa un lugar destacado en los debates públicos en Rumanía después de que el Tribunal Constitucional haya aplazado en cinco ocasiones una decisión sobre el proyecto de ley promovido por el Gobierno que reduce el importe de las pensiones de jueces y fiscales para que estas no superen los últimos ingresos percibidos durante su vida laboral y aumenta la edad de jubilación, que actualmente es de solo 48-50 años. Como consecuencia, Rumanía corre el riesgo de perder 230 millones de euros de fondos comunitarios, ya que la ley relativa a las pensiones de los magistrados se había acordado con la Comisión Europea como hito del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
El comisario europeo, McGrath, valoró la cooperación constante de las autoridades de Rumanía en el proceso sobre el Estado de derecho y destacó la importancia del diálogo constructivo entre la Comisión Europea y el Gobierno rumano. La Comisión Europea, afirmó, está dispuesta a apoyar a Rumanía, en particular, para garantizar la investigación y el enjuiciamiento eficaces de los delitos cometidos en el sistema judicial, garantizar la independencia de los fiscales de alto rango y aclarar las cuestiones relacionadas con el régimen de prescripción.
Rumanía y la Comisión Europea continuarán el diálogo para consolidar un sistema judicial eficaz, independiente y creíble, según reza el comunicado oficial.
Versión en español: Victoria Sepciu