La ley de remuneración unitaria sigue siendo objeto de controversia
Los sindicalistas rumanos continúan con sus protestas contra las políticas salariales del Gobierno
Bogdan Matei, 03.06.2026, 11:39
El nerviosismo sigue siendo el estado de ánimo predominante en la sociedad rumana. Una inflación récord para un país miembro de la Unión Europea, aumento del impuesto sobre el valor añadido, así como de los impuestos y tasas locales, la moneda nacional, el leu, cada vez más frágil frente a las principales divisas convertibles, las instituciones fundamentales del Estado percibidas con creciente desconfianza, una clase política que parece sorda a las quejas de los ciudadanos: no falta nada en el menú.
El tema más reciente que suscita malestar es el proyecto de ley sobre la denominada «remuneración unitaria» en el sector público, que, según los sindicatos, afectará a los ingresos de casi todos los empleados públicos.
El Sindicato de Peritos Criminalistas, por ejemplo, ha anunciado que se sumará en los próximos días a las protestas iniciadas por los secretarios judiciales, que han interrumpido parcialmente su actividad y han decidido que, hasta el final de la semana, entre las 08:00 y las 12:00, el horario de atención al público se reduzca a la mitad y solo se tramiten los asuntos urgentes.
Los sindicalistas del sector forense afirman que, si la ley entra en vigor tal y como se ha propuesto, sus ingresos se reducirían cada mes entre un 30% y un 40%, teniendo en cuenta que no han recibido ningún aumento salarial en los últimos diez años.
El Tribunal Superior de Casación y Justicia critica, por su parte, el proyecto, que considera «profundamente viciado», y afirma que los magistrados deberían beneficiarse de una ley especial en materia salarial. En opinión del Tribunal, el proyecto viola el principio de separación y equilibrio de poderes en el Estado y tiende a agravar las desigualdades entre las categorías de personal del sistema público.
Los sindicalistas de las finanzas públicas también están descontentos. Ellos también han interrumpido su actividad. Y ellos también temen que les paguen menos.
Los sindicatos del sector sanitario también anuncian protestas en la vía pública; exigen la retirada del proyecto y sostienen que, si no se modifica, cobrarán menos y se verán afectados sus derechos.
Mientras tanto, el ministro de Trabajo en funciones del Gobierno destituido por el Parlamento hace ya casi un mes mediante una moción de censura, Dragoş Pîslaru, ha estado en Bruselas para discutir con la Comisión Europea la renegociación final del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR), que, entre otras cosas, exige que la ley salarial se apruebe y se aplique antes del 31 de agosto.
El ministro ha prometido que tendrá en cuenta las observaciones de los sindicatos antes de iniciar un proceso legislativo en el Parlamento. Afirma que la ley eliminaría las diferencias salariales entre los empleados con funciones similares. El Gobierno promete aplicar la nueva tabla salarial a todos los funcionarios, pero, al mismo tiempo, no quiere que se produzcan en este momento aumentos salariales para los cargos públicos, que ya reciben una remuneración muy generosa y son cada vez más impopulares a ojos de la opinión pública.
De la aprobación de la ley depende el desembolso desde Bruselas de un tramo de casi 800 millones de euros, previsto en el PNRR.
Versión en español: Antonio Madrid
