Decisión criticada del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional de Rumanía vuelve a ser blanco de las críticas de la opinión pública.
Bogdan Matei, 30.05.2025, 10:41
El Tribunal Constitucional es probablemente la institución más odiada y temida de Rumanía. Sus decisiones son a menudo vehementemente criticadas en el espacio público. Pero, legalmente, no pueden ser anuladas por ningún otro tribunal. Y el jueves, el tribunal dictaminó que las declaraciones de bienes e intereses de los dignatarios ya no deben publicarse en el sitio web de la Agencia Nacional de Integridad (ANI) ni en las páginas en línea de otras instituciones públicas. Además, las declaraciones ya no deben incluir los ingresos y bienes de cónyuges e hijos. Los jueces constitucionales llegaron a esta sentencia, que es definitiva y obligatoria, a raíz de una denuncia presentada hace seis años por una consejera del Defensor del Pueblo. Había sido multada por la ANI por no incluir en su declaración de patrimonio los ingresos de su marido, que según ella eran confidenciales.
Según la ANI, «la decisión del Tribunal Constitucional (…) anula el carácter público de las declaraciones de bienes e intereses y puede violar todos los compromisos asumidos por Rumanía a nivel internacional en los últimos 20 años en materia de lucha contra la corrupción y de garantía de la integridad en la función pública. Al mismo tiempo, tal decisión puede afectar al proceso de adhesión a la OCDE, al progreso de Rumanía en los ejercicios de supervisión a nivel de la UE (Informe sobre el Estado de Derecho) o del Consejo de Europa (Grupo de Estados contra la Corrupción – GRECO) ».
El nuevo presidente de Rumanía, Nicușor Dan, afirma que la decisión del Tribunal Constitucional sobre las declaraciones de patrimonio está «en contradicción con un principio esencial de la democracia: la transparencia en el ejercicio de la función pública». El jefe del Estado recuerda que «el acceso de los ciudadanos a la información sobre las declaraciones de bienes de los dignatarios es una garantía de integridad y responsabilidad en el ámbito público y este principio debe defenderse con firmeza». También argumenta que «si el razonamiento de la decisión identifica deficiencias técnicas en el marco legislativo actual, es responsabilidad del Parlamento corregirlas rápidamente».
Voces de los partidos parlamentarios de Bucarest también criticaron la decisión de los jueces constitucionales. El líder interino del PSD, Sorin Grindeanu, promete que seguirá haciendo públicas sus declaraciones de patrimonio, incluidos los ingresos de su esposa. La eurodiputada de la AUR Georgiana Teodorescu afirma que la decisión del tribunal sobre la clasificación como secretas de las declaraciones de bienes es «escandalosa, socava años de esfuerzos por la transparencia y la integridad en la vida pública» y se podría traducir como «luz verde para el dinero público, sin ningún rastro de control». El presidente interino de la USR, Dominic Fritz, propone una rápida revisión de la legislación y aboga por una reforma de la ANI y de la Agencia Nacional de Administración Fiscal (ANAF) para que utilicen la tecnología para comprobar «automática y correctamente» el patrimonio de los dignatarios.
