Decisión del Tribunal Constitucional sobre el programa SAFE
El Tribunal Constitucional de Rumanía decidió que la aprobación con enmiendas de la ordenanza de urgencia del Gobierno relativa al programa SAFE se ajusta a las disposiciones constitucionales.
Sorin Iordan, 05.06.2026, 11:31
El Tribunal Constitucional de Rumanía rechazó la impugnación presentada por 53 miembros de varios grupos parlamentarios de la Cámara de Diputados, así como por diputados no adscritos, contra la ordenanza de urgencia del Gobierno relativa al programa Acción para la Seguridad de Europa, conocido como SAFE. La ordenanza fue aprobada el 26 de mayo con enmiendas propuestas por el jefe de la Cancillería del primer ministro y coordinador nacional del programa, Mihai Jurca. Las modificaciones se referían a la distribución de los fondos asignados a Rumanía entre las instituciones del sistema de defensa, orden público y seguridad nacional, así como al derecho de dichas instituciones a contraer compromisos en el marco de SAFE en un plazo de 30 días a partir de la fecha de firma del acuerdo de préstamo, y no desde la fecha de aprobación de dicho acuerdo, como se establecía anteriormente. Jurca explicó que esta modificación era necesaria debido a las capacidades operativas limitadas del Gobierno de Bucarest tras haber sido destituido mediante una moción de censura.
Por mayoría de votos, el Tribunal Constitucional determinó que la adopción, mediante una ordenanza de urgencia, de un paquete de medidas legislativas destinado a establecer el instrumento SAFE no contraviene las disposiciones de la Constitución. Los jueces constitucionales señalaron que la atribución de amplias competencias de coordinación, negociación, propuesta, modificación e implementación del Plan SAFE a determinadas instituciones fundamentales del Estado no puede considerarse una “afectación” de su régimen jurídico en sentido negativo.
El jefe de la Cancillería del primer ministro, Mihai Jurca, celebró la decisión del Tribunal Constitucional y recordó que SAFE es el instrumento mediante el cual Rumanía acelera su proceso de modernización militar, refuerza su seguridad y desarrolla capacidades industriales que deben permanecer en el país a largo plazo. Jurca afirmó que el objetivo de este programa no es únicamente la adquisición de equipamiento, sino, sobre todo, la producción local, la transferencia de tecnología, el mantenimiento, la creación de empleo y la integración de la industria rumana en las cadenas europeas de defensa. No obstante, la ordenanza de urgencia relativa al programa SAFE sigue siendo objeto de otra impugnación pendiente ante el Tribunal Constitucional.
El presidente de la Cámara de Diputados y líder socialdemócrata, Sorin Grindeanu, denunció la existencia de un conflicto jurídico de naturaleza constitucional entre el Gobierno y el Parlamento, al sostener que el Ejecutivo aprobó el documento después de haber sido destituido mediante una moción de censura y que, por tanto, ya no tenía derecho a adoptar decisiones de este tipo. La impugnación será examinada por el Tribunal Constitucional en su sesión del 10 de junio.
A través del instrumento Acción para la Seguridad de Europa (SAFE), Rumanía recibirá aproximadamente 16.700 millones de euros para la adquisición de equipamiento militar y el desarrollo de infraestructuras. Alrededor de una cuarta parte de los fondos se destinará a proyectos estratégicos de infraestructura vial, mientras que el resto tendrá fines militares. Hasta el momento, el Estado rumano ha firmado contratos para adquirir vehículos de combate para la infantería, buques militares, sistemas de defensa antiaérea, sistemas de drones militares, misiles tierra-aire, radares y helicópteros. Asimismo, en el contexto de la amenaza que representan los drones rusos, Bucarest ha encargado sistemas de defensa antiaérea modernos y de lucha antidrones.
Versión en español: Brigitta Pană
