Reapertura del expediente sobre la Revolución de 1989
Los procuradores del Tribunal Militar decidieron, en octubre del pasado año, archivar el caso.
Leyla Cheamil, 14.06.2016, 15:19
Aunque haya transcurrido un cuarto de siglo desde la caída del régimen comunista en Rumanía, los familiares de las personas que perdieron la vida en aquellos días caóticos de diciembre no saben quiénes son los responsables. La Revolución anticomunista de 1989 ha dejado profundas heridas en el único país del antiguo bloque comunista en el que la libertad se conquistó con la sangre de sus manifestantes. El estado policial, la política económica, el duro régimen de austeridad impuesto por el dictador Ceauşescu, son solo algunos de los motivos por los que los rumanos decidieron manifestarse, salir a la calle a gritar “Abajo el comunismo”.
En octubre del pasado año, los procuradores del Tribunal Militar decidieron archivar la causa después de que, durante años, las investigaciones estuvieran en un punto muerto. Conforme a éstas, los acontecimientos ocurridos en diciembre de 1989 se saldaron con la muerte de 709 personas, con 1855 heridos por arma de fuego, 343 heridos en otras circunstancias y con el arresto de 924 personas. La decisión se basó en que los hechos habían prescrito o que no estaban contemplados en el código penal, puesto que se trataba de muertes accidentales. Esta decisión dejó a muchos rumanos insatisfechos y los motivó a presentar un recurso ante el Tribunal Supremo. De hecho, Rumanía ha sido condenada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos a causa de los retrasos en la resolución del expediente de la Revolución. El lunes, los jueces del Tribunal Supremo confirmaron la decisión de la Fiscalía General en relación con la apertura del expediente sobre la Revolución de diciembre de 1989.
En abril, Bogdan Licu, el entonces fiscal general interino dispuso la reapertura del procedimiento penal puesto que consideraba que la decisión del Tribunal Militar de archivar la causa fue infundada e ilegal. Ha declarado que los procuradores militares archivaron el caso en base a unas investigaciones incompletas, ignorando documentos esenciales referentes a los acontecimientos de 1989, conduciendo esta situación a la clasificación jurídica errónea de los hechos y a la expectativa frustada de descubrir la verdad sobre lo ocurrido. Bogdan Licu ha precisado también, por la forma en la que se han desarrollado las investigaciones en el Tribunal Militar, que no ha existido una verdadera preocupación por determinar unos criterios esenciales respecto a los acontecimientos del período del 17 al 30 diciembre de 1989.
En su opinión, los procuradores militares no han instado ningún procedimiento en relación con la desclasificación de los documentos en los que se basó el informe de la Comisión del Senado relativo a los actos ocurridos durante la Revolución de 1989, teniendo en cuenta que esta comisión efectuó miles de auditorías y obtuvo documentos del Ministerio de Defensa, del Ministerio del Interior y del Servicio Rumano de Inteligencia. Parte de las transcripciones de las conversaciones realizadas en el marco de la investigación por esta comisión y de los fragmentos de los documentos presentados de las instituciones estatales han sido recogidas en distintos libros publicados en los últimos 26 años.
