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Newsroom, 19.02.2026, 15:01

CONSEJO PARA LA PAZ – El presidente Nicuşor Dan representa este jueves a Rumanía en Washington, en la primera reunión del Consejo para la Paz, creado por el presidente estadounidense Donald Trump como parte de su plan de paz para Gaza.

La Casa Blanca ha anunciado que en la reunión participan representantes de más de 20 países. Según la secretaria de prensa, Karoline Leavitt, los Estados miembros se han comprometido a destinar más de 5000 millones de dólares a la reconstrucción y los esfuerzos humanitarios en el enclave palestino, así como a proporcionar miles de personas para una fuerza internacional de estabilización.

Los aliados occidentales tradicionales de Estados Unidos se han mostrado reacios a unirse al nuevo Consejo, debido al riesgo de que esta estructura sustituya a las Naciones Unidas en la resolución de conflictos globales. De la Unión Europea, Hungría y Bulgaria son los únicos países que se han adherido a esta organización, firmando la Carta fundacional del Consejo de Paz. También han expresado su apoyo, en calidad de países miembros, Israel, Turquía, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto o Bielorrusia.

El presidente Nicuşor Dan ha declarado que Rumanía solo tendrá estatus de observador en el Consejo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL – El Gobierno rumano tiene la intención de eliminar también las demás pensiones especiales, tras el éxito obtenido con los magistrados del Tribunal Constitucional.

El primer ministro Ilie Bolojan ha anunciado que deben corregirse todos los sistemas que permiten jubilarse a los 50-52 años y en los que la pensión es igual al último salario. Precisó que, el mes que viene, el Ejecutivo propondrá proyectos de ley para poner en práctica estos principios.

El primer ministro explicó que se trata de los empleados de Defensa y del ámbito de la seguridad y el orden público, pero subrayó que en todos los casos habrá un período transitorio para que no se produzcan choques en el sistema y que habrá excepciones para quienes trabajan en condiciones difíciles.

El miércoles, tras numerosos aplazamientos, los jueces del Tribunal Constitucional decidieron que el proyecto de reforma de las pensiones de los magistrados es constitucional. La ley, que aumenta la edad de jubilación de los jueces y fiscales y reduce el importe de la pensión de servicio, se ha remitido a la Presidencia para su promulgación.

AGENCIA CALIFICACIÓN – El primer ministro rumano, Ilie Bolojan, se ha reunido este jueves con representantes de la agencia de calificación Moody’s, a quienes les dijo que el proyecto de presupuesto para 2026 tiene como objetivo un déficit del 6,2%.

Explicó que este umbral es posible de alcanzar si se mantiene el alto nivel de inversiones, especialmente con los fondos del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia. El jefe de Gobierno enumeró las medidas relativas al control del gasto público y mencionó que el Ejecutivo se centrará este año en los procesos de consolidación y crecimiento económico.

La reunión con los representantes de Moody’s se celebró en un contexto económico y financiero delicado. La deuda pública de Rumanía superó por primera vez el umbral del 60 % del producto interior bruto y, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el país entró también en recesión técnica.

Moody’s evalúa periódicamente la evolución de Rumanía. El año pasado, en septiembre, mantuvo la calificación del país en la categoría recomendada para inversiones, tras las medidas de recuperación presupuestaria adoptadas por el gabinete de Bolojan.

REFORMA ADMINISTRACIÓN – El Ministerio de Desarrollo rumano ha publicado, para debate público, el proyecto de decreto ley relativo a la reforma de la administración.

El documento contiene las disposiciones acordadas por la coalición gubernamental y finalizadas en la reunión celebrada a principios de esta semana: una reducción del 10% de los puestos ocupados en la administración pública local y del mismo porcentaje en los gastos de personal a nivel central.

Quedan excluidos de las reducciones de personal la educación y la cultura, los hospitales públicos y el servicio de ambulancias, el sistema de defensa, el orden público y la seguridad nacional. Sin embargo, en estas instituciones se prevén medidas en función de las características específicas de cada sector de actividad, entre las que se incluyen el aumento de la edad de jubilación de los militares, la reducción del complemento por doctorado en la enseñanza, la remuneración en función del rendimiento en la sanidad y un nuevo sistema de clasificación de los hospitales.

Según el ministro de Desarrollo, Cseke Attila, el objetivo es lograr una administración pública más ágil y eficiente, una mayor descentralización de las autoridades públicas locales y la sostenibilidad financiera de estas.