La ley de remuneración unitaria, en la recta final
El ministro de Trabajo en funciones, Dragoş Pîslaru, ha presentado el proyecto de la nueva ley de salarios.
Leyla Cheamil, 26.05.2026, 11:09
1,2 millones de empleados públicos se verán afectados por la nueva ley de remuneración unitaria de Rumanía, cuyo proyecto se sometió a debate público el lunes tras alcanzarse un acuerdo político, al término de una larga serie de aplazamientos. El ministro interino de Trabajo, Dragoş Pîslaru, ha precisado que los partidos que formaron parte de la antigua coalición de gobierno acordaron apoyar en el Parlamento esta reforma, incluida también como hito en el PNRR, tras haber llegado a un acuerdo sobre algunos elementos básicos: la protección de los ingresos de los empleados del sector público, la disciplina presupuestaria y la sostenibilidad, así como una aplicación íntegra y predecible.
Según el alto cargo, ningún empleado sufrirá recortes salariales como consecuencia de la aplicación de la nueva ley, y la reforma debe respetar los objetivos fiscales asumidos por Rumanía y ser sostenible a largo plazo. La nueva ley entraría en vigor en su totalidad el 1 de enero de 2027, sin aplicaciones por fases ni exenciones sucesivas para las distintas categorías profesionales. El ministro se refirió, en este contexto, a los pilares de la reforma, a saber, una jerarquía equitativa de funciones en todo el sector público, incluida la administración pública local, así como una estructura única de escalas salariales para todo el sector público.
Asimismo, ha mencionado la limitación y la transparencia de los complementos salariales, junto con la introducción de criterios de rendimiento claros y comprobables. Dragoș Pîslaru ha recordado también la institucionalización de la gobernanza del sistema salarial, mediante la responsabilidad compartida entre el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Finanzas; la sostenibilidad fiscal y el cumplimiento de los objetivos asumidos en materia de déficit y gastos de personal. El objetivo principal de la nueva ley no es el aumento general de los salarios del sector público, ha afirmado el ministro, sino la eliminación de las desigualdades del sistema, en el que personas con las mismas funciones y responsabilidades no reciben actualmente la misma remuneración.
El salario más alto de Rumanía lo percibirá el presidente del país, concretamente 32.800 leus (unos 6.300 euros), según establece el nuevo proyecto de ley de salarios. Para el 56 % de los empleados públicos, los salarios aumentarán, mientras que para el 44 % se mantendrán en su nivel actual. El ministro interino de Trabajo ha afirmado que la nueva ley de salarios prevé 12 escalones salariales con coeficientes de remuneración del 1 al 8, y que el valor de referencia será de 4.100 leus (unos 790 euros).
El proyecto de ley prevé también una reducción de 87 en el número de complementos salariales, que, al mismo tiempo, no deben superar el 20 % de la masa salarial de la institución. También se introducirán modificaciones en relación con las primas por rendimiento. Estas podrán concederse entre un 10 % y un 20 % a un máximo del 30 % de los empleados. Dragoş Pîslaru ha precisado además que el complemento por trabajar con fondos europeos se mantendrá en el 40 %, tal y como está ahora, ya que forma parte de los acuerdos con la Comisión Europea. El Parlamento de Bucarest debe aprobar la ley antes del 1 de julio de este año.
Versión en español: Monica Tarău
