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Debates sobre la reforma administrativa y territorial de Rumanía

Actualmente, casi 430 localidades de Rumanía tienen menos de 1500 habitantes y muchas de ellas apenas pueden cubrir sus gastos de funcionamiento con sus propios ingresos. Estas localidades podrían fusionarse si el Gobierno logra aprobar la reforma administrativa y territorial que pretende.

Grupo de trabajo para la aplicación de la medida START: Reforma Administrativa (sursă foto:
Grupo de trabajo para la aplicación de la medida START: Reforma Administrativa (sursă foto:

, 18.11.2026, 13:38

Rumanía necesita una profunda reforma administrativa y territorial, ya que su estructura actual no se ajusta a las realidades demográficas, económicas y europeas del siglo XXI. En primer lugar, el país funciona según una organización que data de 1968, mientras que la movilidad de la población, los polos económicos y las infraestructuras han cambiado radicalmente. Por diversas razones, muchos municipios y pequeñas ciudades se han quedado con un número reducido de habitantes, y solo una pequeña parte de las administraciones locales son verdaderamente autónomas desde el punto de vista financiero; el resto depende de las asignaciones del presupuesto estatal. Asimismo, al estar fragmentadas, las unidades administrativo-territoriales (UAT) tienen una menor capacidad administrativa y están menos preparadas para acceder y gestionar eficazmente los fondos procedentes de programas nacionales o europeos.

Ahora bien, su fusión podría reducir la burocracia y generar un ahorro sustancial en el presupuesto nacional, estimado en miles de millones de leus, que podría destinarse a inversiones en sanidad, educación o infraestructuras. Al mismo tiempo, se podrían reducir las disparidades regionales. Décadas de fragmentación han acentuado las diferencias de desarrollo entre los grandes núcleos urbanos y los pueblos, municipios y ciudades pequeñas, por lo que una reforma basada en el modelo europeo tendría como objetivo lograr un equilibrio social y económico.

En consecuencia, a finales de 2026 surgieron en el ámbito público debates sobre una reforma administrativo-territorial, incluida, por cierto, en el programa de gobierno del actual Ejecutivo de Bucarest, dominado por el PSD.

Dragoş Benea es eurodiputado y coordina el grupo de trabajo del partido que se ocupa de esta reforma.

«Debemos contar con una administración más ágil, con menos ayuntamientos y menos gastos de funcionamiento. Al final de este proceso, una vez implementada la reforma, se espera que los ayuntamientos tengan una capacidad administrativa sustancialmente mayor y puedan ofrecer servicios de mejor calidad, así como optar a financiación europea o del presupuesto estatal. Algo que no sería posible con el formato administrativo actual, debido a la fragmentación y la dispersión administrativas. Y, quizá lo más importante, conseguiremos reducir las diferencias entre las localidades desarrolladas y las menos desarrolladas».

La estructura administrativa de Rumanía, que prevé una organización en aldeas, municipios y distritos, no sufrirá modificaciones. Sin embargo, al término del proceso de reorganización, el número de ayuntamientos del país se reducirá notablemente mediante la fusión de las localidades con menos de 1500 habitantes, de forma prioritaria por el momento.

Los criterios que se tendrán en cuenta para determinar si una unidad administrativo-territorial es sostenible desde el punto de vista administrativo se refieren a la población y la demografía, pero también al desarrollo económico, la accesibilidad, la capacidad administrativa, la conectividad y los servicios públicos locales. Por lo tanto, se tendrán en cuenta las competencias de la administración local, las inversiones realizadas, el grado de recaudación de impuestos y las distancias que hay que recorrer para acceder a los servicios públicos, entre otros aspectos.

Según Alexandru Stoica, ministro de Desarrollo, la reforma se llevará a cabo en dos fases. A partir del 1 de marzo de 2027, el Gobierno se haría cargo de un proyecto de ley sobre la reorganización administrativa y la fusión de las localidades afectadas sería obligatoria. Hasta entonces, el Ejecutivo apuesta por la fusión voluntaria, que se fomentará mediante ayudas, incentivos y bonificaciones.

«En una primera fase, que se prolongará hasta el 1 de marzo de 2027, se trata de una fusión voluntaria que ofrece las siguientes ventajas: un programa de inversiones e incentivos fiscales, una reducción del impuesto de hasta el 50 % sobre los edificios y los terrenos urbanizados, y un programa de inversiones que incluirá carreteras de enlace, agua, alcantarillado, gas, centros médicos, colegios, etc. Los alcaldes deben reunirse con los vecinos de su localidad para explicarles claramente en qué consiste esta fusión voluntaria y qué pueden hacer el Ministerio de Desarrollo y el Gobierno por ellos. Deben explicarles las ventajas de este proceso para el desarrollo de su localidad. Se trata únicamente de una fusión entre ayuntamientos. De todos modos, seguirá habiendo alguien en el ayuntamiento que se encargará de los problemas de los vecinos de esa localidad. Todo se hará de forma meditada».

Sin embargo, la idea de la fusión voluntaria de localidades pequeñas no ha sido bien recibida por algunos representantes locales, y Alfred Simonis, presidente de la Unión Nacional de Consejos Provinciales de Rumanía (UNCJR), transmitió esta insatisfacción al Gobierno:

«En el distrito de Timiş (oeste), hemos propuesto un proyecto piloto y hemos destinado entre 10 y 20 millones de leus a cada uno de los nuevos municipios creados tras la fusión. Son intentos tímidos que se han ido frenando sobre la marcha. Por lo tanto, no existe apoyo popular: la gente, en general, quiere las fusiones, pero cuando se trata de su propio municipio, no quiere que se lleven a cabo. Por otra parte, debemos ser conscientes de que se necesita una cierta reforma administrativa, una cierta fusión y ciertos ahorros que se pueden lograr. Hay varios modelos, pero yo no creo en esta fusión o reforma voluntaria. Eso no puede suceder. Si identificamos mecanismos para llevar la prosperidad a esas localidades de otra forma que no sea mediante los métodos discutidos hasta ahora, perfecto; si no, al menos optimicemos el gasto que ya tenemos».

En la actualidad, cientos de localidades de Rumanía no pueden cubrir sus gastos de funcionamiento y algunas ni siquiera pueden pagar los servicios públicos de colegios y hospitales sin ayuda adicional. Sin embargo, según Alfred Simonis, es tarea del Gobierno encontrar soluciones legales de financiación o bien atreverse a llevar a cabo la reorganización administrativa necesaria mediante fusiones. De lo contrario, la población seguirá enfrentándose a todo tipo de problemas.

Versión en español: Victoria Sepciu

 

 

 

Imobiliare (Foto: mastersenaiper / pixabay.com)
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