Deudas, vivienda y protección. ¿Qué cambios introduce la ANPC para los rumanos en dificultades?
Las nuevas medidas propuestas por la ANPC para los rumanos sobreendeudados, en un contexto en el que la protección de la vivienda y el acceso a la insolvencia personal se están convirtiendo en cuestiones sociales cada vez más importantes.
Ion Puican, 08.04.2026, 12:33
Cada vez más rumanos tienen dificultades para pagar sus cuotas, préstamos u otras obligaciones financieras, y el procedimiento de insolvencia para particulares se está convirtiendo en una solución cada vez más debatida. La Autoridad Nacional de Protección del Consumidor (ANPC) está preparando cambios importantes que podrían ampliar el acceso a este procedimiento y proteger la vivienda familiar de la ejecución hipotecaria. Actualmente, el procedimiento de insolvencia para particulares está regulado por la Ley 151/2015, y para acceder a la forma clásica de insolvencia, el umbral mínimo de deuda es de 15 salarios mínimos brutos por economía, es decir, 60.750 leus en 2026. La ANPC propone reducir este umbral a 10 salarios mínimos brutos, es decir, 40.500 leus, para que más rumanos puedan acogerse al procedimiento. Otro cambio importante propuesto por la ANPC tiene como objetivo proteger la vivienda familiar, incluyéndola en la categoría de activos no rastreables, es decir, activos que no pueden ser ejecutados bajo ciertas condiciones. Las excepciones propuestas son las viviendas adquiridas a través del programa «Prima Casa (Primera Casa)». La ANPC también propone que los bancos y las instituciones financieras no bancarias estén obligados a informar a los clientes con retrasos en los pagos superiores a 90 días sobre la posibilidad de acogerse a la insolvencia personal e incluir explícitamente en la notificación la información de contacto de la Dirección de Insolvencia de Particulares: insolventa@anpc.ro.
En un reportaje de Alina Nechita, de Radio România Cluj, el presidente de la ANPC, Békési Csaba Lajos, habla sobre las nuevas propuestas legislativas dirigidas a las personas que ya no pueden hacer frente a sus deudas:
«Queremos mejorar las condiciones para solicitar y llevar a cabo procedimientos de insolvencia, para facilitar la interacción de quienes necesitan este apoyo con este procedimiento. Por lo tanto, la Comisión de Insolvencia a nivel central ya ha iniciado medidas para modificar el marco legislativo a través del cual buscamos varios aspectos extremadamente importantes para mejorar este procedimiento de insolvencia para las personas. Pretendemos introducir la vivienda familiar en la categoría de activos no rastreables. Este es un aspecto extremadamente importante y humano. Nuestra vivienda familiar no debería estar sujeta a este proceso y, por lo tanto, no debería poner en peligro el desarrollo y la seguridad de nuestras familias. Redefinir el valor umbral, un aspecto extremadamente importante, a través del cual queremos restablecer el nivel a 10 salarios mínimos, en comparación con la forma actual, donde tenemos 15 salarios mínimos en la economía. Por lo tanto, el monto mínimo de deuda requerido para abrir este procedimiento debería disminuir en comparación con el valor regulado actualmente. Así facilitamos el acceso a estos procedimientos a un mayor número de consumidores. Repito, más consumidores se beneficiarán de este procedimiento y más consumidores verán defendidos sus intereses y seguridad ante los acreedores. El establecimiento de la obligación para los operadores económicos que realizan actividades de crédito a personas físicas de informar a los consumidores deudores sobre la posibilidad de beneficiarse de las disposiciones de la Ley 151, así como sobre la posibilidad de contactar con el Departamento de Insolvencia de Particulares, que se encuentra dentro de nuestra jurisdicción, es otro elemento que deseamos incorporar a esta enmienda legislativa. Existen varias condiciones preliminares impuestas por la legislación específica para la presentación de estas solicitudes de insolvencia. Notificación previa a los acreedores con al menos 30 días de antelación a la presentación de la solicitud. Presentación de pruebas de ingresos o falta de los mismos. Adjuntar documentos que acrediten los ingresos obtenidos en los últimos 3 años, o bien estimaciones para los próximos 3 años. Documentos fiscales, antecedentes penales, informe de la Oficina de Crédito: todos estos documentos, junto con la presentación de un plan de pago propuesto, si fuera necesario, son requisitos previos necesarios para la presentación de la solicitud de insolvencia..”
La ley ahora permite tres formas de insolvencia personal: un plan de pago a plazos de un máximo de 5 años, un procedimiento simplificado para personas vulnerables y la liquidación de activos.
En detalle, el presidente de ANPC, Békési Csaba Lajos, explica:
«La Ley 151/2015 regula tres tipos de procedimientos de insolvencia. El primer procedimiento básico se refiere a un procedimiento basado en un plan de pago de deudas, dirigido a deudores con deudas iguales o superiores a 15 salarios mínimos brutos vigentes en la economía, es decir, 60.750 leus. Este procedimiento implica el pago de al menos el 50% de las deudas en un plazo máximo de 60 meses y, con base en un plan aprobado por los acreedores, ofrece beneficios como la suspensión de ejecuciones forzosas, intereses y la posibilidad de la cancelación parcial de la deuda. El procedimiento simplificado de insolvencia está dirigido principalmente a pensionistas o personas con capacidad laboral reducida, cuyas deudas no superen los 10 salarios mínimos, es decir, 40.500 leus, y que no posean bienes ni ingresos lícitos. Tras un período de supervisión de tres años, los deudores pueden beneficiarse de la cancelación total de la deuda si se cumplen las condiciones. El procedimiento legal a través de la liquidación de activos se aplica a los deudores con deudas superiores a 60.750 leus, el equivalente a 15 salarios a los que me refería, que no puedan pagar al menos el 50% de la deuda en 5 años. Este procedimiento implica la venta de activos, procesos judiciales y pagos mensuales durante un máximo de 5 años, condonándose la deuda restante al finalizar el procedimiento.”
Estas medidas propuestas por la ANPC surgen en un momento en que el acceso a la propiedad se vuelve cada vez más difícil: según datos recientes, el número de rumanos en zonas urbanas que poseen una vivienda propia está disminuyendo, y cada vez más optan o se ven obligados a vivir de alquiler. En este nuevo contexto económico, proteger el equilibrio financiero de la familia se convierte no solo en una cuestión legal, sino también social, con un impacto directo en la vida cotidiana.
(versión en español: Simona Sarbescu)
