La UE y la crisis de la vivienda
La Unión Europea se enfrenta, desde hace varios años, a una crisis de la vivienda que afecta a un número cada vez mayor de ciudadanos: los precios de la vivienda han aumentado, de media, hasta un 60% desde 2015 hasta la actualidad, y los alquileres, casi un 28% solo entre 2010 y principios de 2025.
Eugen Cojocariu y Ion Puican, 11.11.2026, 13:45
En la actualidad, la vivienda se lleva una quinta parte de los ingresos medios de una familia europea, y uno de cada diez europeos afirma que no puede pagar a tiempo el alquiler o la cuota de la hipoteca.
Una de las principales causas de estos aumentos es la falta de viviendas nuevas. El Banco Europeo de Inversiones estima que la UE necesitaría, en 2025, 2,25 millones de viviendas nuevas, casi un 50% más de las que se han construido realmente.
Al mismo tiempo, las viviendas sociales han disminuido de forma constante, pasando del 11% del total de viviendas de la UE en 2010 a solo el 8% (unas 14 millones de unidades) en la actualidad.
A esta presión se suma el fenómeno de los alquileres de corta duración: solo a través de plataformas como Airbnb o Booking, en la UE se registraron 854 millones de pernoctaciones en 2024. Cada vez son más las viviendas que se retiran del mercado del alquiler a largo plazo, sobre todo en las zonas turísticas.
Casi el 10% de los habitantes de las zonas urbanas de la UE gastan más del 40% de su renta disponible solo en vivienda, un umbral considerado crítico. Los jóvenes son, probablemente, los más afectados: la edad media a la que un joven europeo abandona el hogar familiar ha alcanzado los 26 años, y en algunos países casi el 70% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siguen viviendo con sus padres debido a los costes.
Ante esta situación, la Unión Europea ha convertido la vivienda en una de sus prioridades sociales para el actual mandato, nombrando por primera vez a un comisario europeo dedicado exclusivamente a la vivienda.
La Comisión Europea presentó, a finales de 2025, un Plan Europeo para la Vivienda Asequible, al que siguió, en septiembre de 2026, una propuesta de ley sobre la vivienda asequible.
El 19 de octubre de 2026, el Consejo de la UE adoptó la primera Recomendación sobre la lucha contra la falta de vivienda, con el título de Lucha contra la exclusión en materia de vivienda en la UE. La Comisión se encargará de supervisar los avances de los Estados miembros y de informar al Consejo dentro de cinco años.
En su calidad de ponente sobre esta propuesta del Consejo de la UE, Cristian Pîrvulescu, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Escuela Nacional de Estudios Políticos y Administrativos (SNSPA); presidente de Step by Step y presidente de la Plataforma de la Sociedad Civil de la UE – República de Moldavia, concedió una breve entrevista a Radio Rumanía Internacional (track):
«Se trata de un dictamen que el Comité Económico y Social Europeo va a someter a votación en sesión plenaria. Se trata de un dictamen que, de hecho, responde, por un lado, a la solicitud que la Comisión y el Parlamento dirigieron al Comité Económico y Social Europeo, en su calidad de institución consultiva, para que contribuyera a la reflexión sobre la situación de la vivienda en la Unión Europea, y, por otro, a una comunicación presentada por la Comisión Europea. Es el resultado de un proceso de elaboración que ha durado unos cuatro meses, tiempo durante el cual hemos organizado una audiencia con representantes de la sociedad civil que trabajan en este ámbito.
En el Comité Económico y Social se trabaja en el marco de un grupo de trabajo en el que están representados legalmente los tres grupos del comité: la patronal, los sindicatos y el Grupo III, del que formo parte, junto con otros representantes de la sociedad civil. En este dictamen, proponemos una serie de mejoras en la comunicación de la Comisión.
Consideramos que no se ha hecho lo suficiente para defender el derecho a la vivienda como derecho humano. Y esa es, por así decirlo, la impronta que he intentado dar a este dictamen y a esta orientación. Porque mi función como ponente consiste en recabar las diferentes opiniones que existen en la Comisión —y que son divergentes en este ámbito—, encontrar un compromiso y, en última instancia, aportar lo que denominamos «valor añadido». El valor añadido que nos parece importante está relacionado con los aspectos relativos a los derechos humanos y, principalmente, con el derecho a la vivienda como derecho humano. Hemos mantenido una conversación con los representantes de la comisión sobre este tema, y comprobamos que existen diferentes interpretaciones.
Insistimos en este asunto y, por un lado, nos complace que haya una respuesta y una solicitud del Consejo en este sentido. Por otro lado, no estamos muy contentos de que no se aborde la cuestión de los derechos. Porque, por poner un ejemplo: nos encontramos en pleno escándalo relacionado con la crisis de la vivienda en muchísimos países. Gran parte de las protestas a las que asistimos en las últimas semanas están relacionadas con una situación de la vivienda mucho más complicada en los países de Europa Occidental que en los de Europa Central y del Este, en particular en Rumanía. Porque existe una grave crisis de la vivienda, porque los costes son muy elevados y porque no hay un apoyo significativo.
La cuestión de la vivienda no es, evidentemente, algo nuevo en el discurso europeo. Sin embargo, se trata de un problema que deben resolver los Estados miembros. No es un problema que pueda resolver la Comisión Europea, como algunos quieren dar a entender.
En mi caso, me he encontrado entre las tendencias emprendedoras del Grupo I, que representa a las patronales. Estas reconocen la necesidad de viviendas, incluidas las de protección oficial, pero consideran que una colaboración público-privada es muy bienvenida. Y los sindicatos, en especial mis colegas de los sindicatos ibéricos, que han aportado una visión muy social, en la que el papel de las instituciones públicas es garantizar una dinámica con resultados rápidos en el sector de la construcción de viviendas sociales. Por lo tanto, proponemos instrumentos para intervenir, pero lo más importante es la protección del derecho a la vivienda.
Las políticas de cohesión ya no son ni de lejos lo que eran y ya no permiten combatir la pobreza de forma suficiente, porque el gran problema es, al fin y al cabo, la pobreza, que sin duda no es la tónica dominante de la sociedad europea actual. Sin embargo, casi el 20% de la población europea vive por debajo del umbral mínimo de pobreza.
En el momento en que podamos garantizar a las personas una vivienda digna, un refugio que merezca ese nombre, a partir de ese momento, los problemas sociales relacionados con la pobreza empiezan a resolverse.
En un país como Rumanía, donde tenemos la mayor tasa de propietarios de la Unión Europea, el debate podría parecer extraño. Pero, en realidad, el problema también existe en Rumanía, porque, aunque contamos con dos millones de viviendas sin utilizar, la demanda de vivienda se concentra en las grandes ciudades donde hay actividad económica, lo cual es normal. Y los más afectados son los jóvenes, que tienen un acceso limitado a los recursos y necesitan el apoyo del Estado.
En Rumanía, el sector de la vivienda social se ve muy afectado. Y el problema de la vivienda puede ser objeto de especulación por parte de los políticos extremistas, que de repente pueden culpar a la inmigración de la crisis de la vivienda. En muchos países se especula masivamente con este tema, que en realidad es un problema relacionado con la disposición del Gobierno, la filosofía de financiación y, en última instancia, las políticas sociales».
Tal y como ha señalado el decano de la SNSPA, Cristian Pîrvulescu, Rumanía presenta una situación particular en el panorama inmobiliario europeo: la tasa de propietarios de viviendas supera el 90%, una de las más altas de la UE.
Sin embargo, esto no significa que la presión sobre los precios no afecte a Rumanía. Según datos de Eurostat, en el primer trimestre de 2026 los precios de la vivienda aumentaron un 7,8% con respecto al año anterior, por encima de la media del 5,1% registrada en el conjunto de la Unión Europea.
A corto plazo, las autoridades europeas se proponen supervisar más de cerca el fenómeno de la falta de viviendas asequibles y apoyar a los Estados miembros en la prevención de la exclusión en materia de vivienda. A largo plazo, el objetivo declarado es más ambicioso: que el acceso a una vivienda estable se convierta en una norma real.
Versión en español: Antonio Madrid
