Lucha anticorrupción
La justicia rumana, acusada en el pasado de inercia o de favorecer a los políticos y empresarios, parece haber despertado de la letargia últimamente.
Roxana Vasile, 23.05.2014, 16:39
La justicia rumana, acusada en el pasado de inercia o de favorecer a los políticos y empresarios, parece haber despertado de la letargia últimamente. No falta día en que no surjan informaciones relacionadas con la actividad de los representantes de la ley que luchan por combatir la corrupción, lacra de la sociedad, recriminada más de una vez desde Bruselas. En el presente, Dan Adamescu, el segundo rumano más rico, cuyos bienes se cifran en mil millones de euros, centra la atención de la justicia y de la prensa de Bucarest. Su nombre figura en el caso de cuatro jueces detenidos preventivamente esta semana por cohecho.
Se trata de grandes cantidades de dinero, 5.000 y 15.000 euros. Adamescu está imputado, acusado de haber ofrecido dinero a cambio de obtener fallos favorables a sus negocios. Entre los intermediarios de los cuales Adamescu se valió para comprar a los representantes de la ley figuran incluso su propio hijo Bogdan y un joven abogado, George Dumitru, que se suicidó a principios de esta semana tirándose a las vías del metro, tras haber prestado declaración ante la Dirección Nacional Anticorrupción y haber entregado a los fiscales una copia de un extracto bancario que revela la cantidad de dinero que había recibido para sobornar a los jueces.
También los médicos centran la atención de los representantes de la ley. Después del caso de varios médicos de un hospital del sistema público de la capital que efectuaban operaciones estéticas, la atención de la justicia y de la opinión pública se dirige ahora hacia nueve personas detenidas en un caso relacionado con falsas recetas médicas. Tres médicos de una clínica de oncología, dos jefes de farmacia y cuatro representantes de empresas de medicamentos han sido detenidos preventivamente por 30 días, bajo la acusación de expedir más de mil recetas falsas a nombre de pacientes con afecciones oncológicas que no recibían dichos tratamientos. Posteriormente, el coste de la medicación lo reintegraba la Caja de Seguros de Salud. El perjuicio supera la cifra de 8 millones de lei, es decir, casi 1,8 millones de euros.
El gobierno elogia los esfuerzos hechos en aras de la lucha contra la corrupción en los sistemas de justicia y sanidad, teniendo en cuenta que este último se enfrenta a serios problemas de falta de financiación. La implicación de los ciudadanos en la lucha anticorrupción es igual de importante. Un estudio efectuado destaca que las reclamaciones por parte de los ciudadanos con respecto a los actos de corrupción de los empleados del Ministerio del Interior han aumentado de manera inquietante, al igual que las denuncias y las autodenuncias por parte de los empleados del mismo.
