Rumanía y el acuerdo con el FMI
El acuerdo actual de tipo preventivo que Rumanía tiene firmado con sus acreedores externos ha llegado a un punto delicado. La tercera evaluación del acuerdo ha sido aplazada porque el Gobierno de Bucarest insiste en la reducción de las contribuciones a la
Florentin Căpitănescu, 13.06.2014, 14:07
Al cabo de una visita de diez días a Bucarest, durante la cual se entrevistó con los más altos dignatarios y representantes del entorno empresarial, la delegación de los financiadores externos, es decir, el FMI, la Comisión Europea y el Banco Mundial, anunció que la tercera evaluación del acuerdo actual con Rumanía había sido aplazada para el mes de noviembre. El anuncio lo confirmó también el primer ministro, Victor Ponta, quien dio detalles sobre las consecuencias del aplazamiento de la evaluación del actual acuerdo de tipo preventivo por un valor de 4.000 millones de euros. Victor Ponta:
“El acuerdo no se interrumpe, ni se anula de ninguna manera. Tampoco se rescinde. Tenemos este acuerdo y esto significa que, si es necesario, podremos acceder a los créditos puestos a disposición de Rumanía. Claro que tenemos acceso incluso a la cofinanciación de los fondos europeos. Además, las líneas de crédito abiertas por el Banco Mundial para los programas de salud y de educación son válidas y funcionales. Desde este punto de vista, creo que la confianza de que Rumanía goza en las instituciones financieras internacionales, así como en los mercados financieros privados, es algo positivo y debemos cuidarla.”
Las diferencias entre las partes se deben a la manera en que debe aplicarse lo que los especialistas llaman relajación fiscal, exigida desde hace mucho tiempo por el entorno empresarial. La principal medida a través de la cual el ejecutivo de Bucarest quiere reducir la presión sobre los empresarios es la disminución en el 5% de las contribuciones a la seguridad social pagadas por los empleadores. Esta medida, anunciada inicialmente para el 1 de julio, según ha explicado Victor Ponta, será llevada a la práctica a partir del 1 de octubre a pesar de no tener el visto bueno de los acreedores internacionales.
En efecto, los analistas económicos consideran que la reducción de las contribuciones a la seguridad social fue la manzana de la discordia en las negociaciones con el FMI que, desde hace algunos años, después de que la crisis hubiera afectado a la economía nacional, tuvo algo que decir en las políticas financieras y económicas aplicadas por los gobiernos que se sucedieron en Bucarest. Ponta ha añadido también que el presupuesto permite la reducción de las contribuciones a la seguridad social y que las pérdidas no serán compensadas con tasas o impuestos adicionales. De nuevo ante nuestros micrófonos, Victor Ponta:
“No crecerá el déficit presupuestario. Tampoco vamos a incrementar las tasas o los impuestos para cubrirlo.”
Mientras para el gobierno la disminución de las contribuciones a la seguridad social es uno de los pilares del paquete de relajación fiscal, la oposición denuncia lo que llama el oportunismo electoral del gobierno de izquierda. El motivo es que, según el presidente interino del PNL, Klaus Iohannis, la medida se aplicará un mes antes de las elecciones presidenciales del próximo noviembre.
