Escuchas telefónicas ¿Quién las realiza?
La jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, ha declarado que la ordenanza de urgencia adoptada por el gobierno asegura las exigencias del estado de derecho e incluso ofrece garantías suplementarias.
Daniela Budu, 18.03.2016, 16:49
En más de la mitad de los casos investigados en Rumanía el año pasado por los fiscales anticorrupción no se utilizaron medios de vigilancia técnica, ha declarado la fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruta Kovesi, en una entrevista para Radio Rumanía Actualidades. Kovesi ha declarado que la ordenanza de urgencia adoptada por el gobierno tras decidir el Tribunal Constitucional que las intervenciones de las llamadas telefónicas hechas por el Servicio Rumano de Inteligencia en casos penales no son constitucionales, asegura las exigencias del estado de derecho, e incluso ofrece garantías suplementarias. Laura Codruta Kovesi:
“La ordenanza asegura en primer lugar una continuidad en la lucha anticorrupción lo que nos ayuda a solucionar los casos en vías de investigación. En segundo lugar, la ordenanza observa las exigencias impuestas por el Tribunal Constitucional, establece quíen y qué tiene derecho a hacer, e instituye un control suplementario conforme a la solicitud del Tribunal Constitucional. Este control de la manera en que se aplicarán los mandatos de vigilancia técnica será realizado por jueces del Alto Tribunal de Casación y Justicia que aprueban y autorizan los mandatos de seguridad nacional, así como las intervenciones de las llamadas que nosotros solicitamos en nuestra actividad
Nunca se harán intervenciones telefónicas en el caso de las personas que no cometen delitos penales graves- ha añadido Laura Codruta Kovesi, subrayando que dichas intervenciones no se solicitan en el caso de los delitos corrientes, sino para los delitos penales graves, bien definidos en el Código Penal, como la corrupcón, el narcotráfico, el tráfico con personas, terrorismo, espionaje, trahición, asesinato y privación de libertad. De esta forma, la solución hallada por el gobierno para observar la decisión del Tribunal Constitucional sobre las intervenciones de las llamadas en casos penales respeta los derechos humanos. La jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción ha explicado, en la entrevista concedida a Radio Rumanía, cúal sería el necesario mínimo de recursos humanos de la Dirección Nacional Anticorrupción en esta situación:
“Si la ordenanza de urgencia adoptada nos permite utilizar la infraestructura técnica para obtener estas pruebas y para poner en práctica los mandatos de vigilancia técnica, necesitaremos un número mínimo de 130 policías y alrededor de 10 millones de euros. En el presente beneficiamos de una suplementación de 40 puestos de policías que no son suficientes. Voy a repetir que este es el número mínimo sólo si dicha ordenanza conserva los efectos, queda en vigor, y es adoptada por el Parlamento.
La decisión del Tribunal Constitucional ha eliminado sólo el recurso humano de los servicios pero no ha prohibido que la Dirección Nacional Anticorrupción utilice la infraestructura técnica, o los sistemas técnicos de otra institución del Estado- ha concluido Laura Codruta Kovesi
