Protestas y reacciones ante la modificación de la ley penal
Este principio de año, las modificaciones que el Gobierno de Bucarest desea aplicar en el sector de la Justicia están en el candelero de la agenda pública.
Florentin Căpitănescu, 20.01.2017, 14:30
Menos de un mes después de que se instalara, el Gobierno de Bucarest, que insiste en hacer cambios significativos en el sector de la Justicia, ha conseguido provocar la reacción de todo el mundo. La sociedad civil, las principales instituciones del mecanismo judicial, la Embajada de los Estados Unidos en Bucarest, la oposición y el jefe del Estado, Klaus Iohannis, han criticado en términos extremadamente duros o diplomáticos la intención del Ejecutivo del PSD y la ALDE de dar amnistía colectiva y de eliminar del Código Penal varios delitos asociados a la corrupción. A diferencia del Gobierno, que ha motivado su iniciativa sobre todo con la sobrepoblación de las prisiones, los que se oponen consideran que la amnistía no es más que el atajo hacia la libertad de muchas personas influyentes condenadas en los últimos años. Este jueves por la tarde, miles de personas han salido a la calle en varias ciudades del país para pedir cero tolerancia para los acusados de corrupción y para denunciar lo que han llamado un “ataque contra la democracia”. A su vez, la Fiscalía General, la DNA y la Dirección de Investigación de los Delitos de Crimen Organizado y Terrorismo (DIICOT) han criticado los proyectos lanzados al debate por el Gobierno y han advertido que podrían recibir amnistía no sólo algunos condenados por hechos de corrupción, sino también criminales peligrosos o pedófilos. Los representantes de las tres instituciones han llamado la atención de que las modificaciones despenalizarían total o parcialmente el abuso de poder, la negligencia en el trabajo y el conflicto de intereses. La fiscal jefa de la Dirección Nacional Anticorrupción, Laura Codruţa Kövesi, ha explicado:
“La Justicia rumana se está reformando ahora urgentemente mediante la modificación de tres delitos. El primero, el abuso de poder, la despenalización de la negligencia en el trabajo y la despenalización parcial del conflicto de intereses. Sólo algunas personas pueden cometer estos tres delitos, es decir los funcionarios públicos: ministros, secretarios de Estado, senadores, diputados, magistrados, policías, alcaldes, presidentes de consejos de distritos y directores.”
El Consejo Superior de la Magistratura actualizará los proyectos de ordenanza de urgencia del Ejecutivo antes del 27 de enero. En el contexto del debate iniciado, el embajador de los Estados Unidos en Bucarest, Hans Klemm, ha declarado que cualquier medida que debilita el Estado de derecho es inoportuna, mientras que los partidos de oposición, el PNL y la USR, han anunciado que tomarán en cuenta presentar una moción contra el ministro de Justicia, Florin Iordache. Hace unos días, el jefe del Estado, Klaus Iohannis, declaró que la puesta en marcha de una legislación de este tipo derribaría el Estado de derecho y apartaría a Rumanía de los valores europeos y euroatlánticos. Queda por ver si el Ejecutivo va hasta el final con su propia insistencia o da un paso atrás, pedido por todo el mundo.
