Decisión del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional ha afirmado que los fiscales anticorrupción han superado sus atribuciones con la investigación iniciada por la DNA tras las sospechas suscitadas por la falta de una consulta previa en el proceso de aprobación de la ordenanza 13.
Ştefan Stoica, 28.02.2017, 13:24
Ha pasado un mes desde que se aprobó la controvertida ordenanza 13, mediante la cual, el Gobierno rumano intentó relajar la legislación penal, pero sus efectos no han terminado aunque se haya anulado el documento. Este lunes el Tribunal Constitucional ha constatado que hubo un conflicto jurídico de índole constitucional entre la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA) y el Ejecutivo. Este conflicto, ha precisado el Tribunal Constitucional de Rumanía, fue generado por el hecho de que los fiscales se arrogaran la atribución de verificar la legalidad y la oportunidad de una ley, la célebre ordenanza 13, infringiendo las competencias constitucionales del Gobierno y el Parlamento. El Tribunal ha explicado que la autoridad legislativa pertenece al Parlamento, pero el Gobierno también puede hacer esto mediante ordenanzas. En este caso, la única autoridad habilitada para verificar la legalidad de las ordenanzas gubernamentales es el Tribunal Constitucional. Las verificaciones de los fiscales anticorrupción sobre la oportunidad de emitir la ordenanza y la manifestación de opiniones exceden la autoridad de la DNA y corresponden al Parlamento y al Tribunal Constitucional respectivamente, ha afirmado el presidente del mismo, Valer Dorneanu:
“Consideramos que se ha perturbado la buena actividad del Gobierno y se han perturbado también las relaciones que deben existir entre las tres autoridades: judicial, ejecutiva y legislativa.”
Para las decisiones políticas es necesario hacer responsables a los ministros por medios políticos, y no por los de derecho penal, ha destacado el Tribunal. Tras anunciarse la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía, el presidente del Senado, Călin Popescu-Tăriceanu, quien presentó la denuncia, ha declarado que las relaciones entre los poderes del Estado están volviendo a la normalidad y que la solución del Tribunal lleva a que se eviten futuros conflictos institucionales. Călin Popescu-Tăriceanu:
“El Parlamento delega al Gobierno la posibilidad de adoptar proyectos de ley y ordenanzas de urgencia y el Parlamento los censura desde el punto de vista de la oportunidad
Este lunes, el día de la decisión del Tribunal Constitucional de Rumanía, la DNA ha cerrado parte del expediente abierto en el caso de la ordenanza 13 y lo ha enviado a la Fiscalía General. Los fiscales anticorrupción tienen sospechas de que se infrigió la ley, como en el hecho de favorecer al autor, la destrucción de documentos o la presentación con mala voluntad de datos inexactos. El presidente del Tribunal Constitucional, Valer Dorneanu, ha precisado que de ahora en adelante se pueden investigar solo los hechos que atraen la responsabilidad penal directa, y la investigación se debe hacer cumpliendo las prerrogativas del Tribunal Constitucional de Rumanía, el Parlamento y el Gobierno.
