Modificación de la ley de asociación público-privada
Regulación de la asociación público-privada mediante ordenanza de urgencia emitida por el Gobierno rumano.
Leyla Cheamil, 11.05.2018, 14:26
El pasado jueves, el Gobierno rumano adoptó una ordenanza de urgencia que regula la ley de asociación público-privada. Conforme con dicha ley, la asociación público-privada persigue realizar y rehabilitar o ampliar bienes que pertenecerán al patrimonio del socio público. Al mismo tiempo, se reglamenta la posibilidad de realizar en asociación público-privada también proyectos que suponen exclusivamente el funcionamiento de un servicio público. La duración de cinco años como mínimo de las relaciones contractuales que permitan al socio privado recuperar la inversión y obtener un beneficio razonable es uno de los elementos principales de la asociación público-privada. Otros aspectos importantes se refieren a la financiación del proyecto, principalmente con ayuda de fondos privados o según el caso, la utilización en común de ambos fondos o el reparto de los riesgos entre el socio público y el socio privado, en función de la capacidad de cada parte contratante de evaluar, gestionar y controlar un determinado riesgo. La primera ministra, Virica Dancila, ha precisado que la nueva ley incluye también una serie de medidas que se refieren a las administraciones locales y la creación dentro de un año de un fondo especial de financiación de los contratos de la asociación público-privada a nivel nacional. Viorica Dancila:
“En Rumanía, ninguna ley de asociación público-privada ha tenido éxito. Se trata en primer lugar de desbloquear la legislación, de reducir los plazos de adjudicación de los contratos sobre la base de un estudio de fundamentación mediante el cual se realiza la selección de los socios privados.”
El inversor privado designado ganador del procedimiento de asignación que concluye un contrato de asociación público-privada adquiere la calidad de socio privado. El Gobierno puede decidir que determinados proyectos apreciados como estratégicos sean preparados y adjudicados en nombre de los socios públicos que han de ponerlos en aplicación por la Comisión Nacional de Estrategia y Predicción. Por otra parte, el portavoz del Gobierno, Nelu Barbu, ha declarado que la ley es clara y estará acompañada de una guía de buenas prácticas:
“Esta ordenanza regula la posibilidad de realizar una asociación público-privada así como proyectos que persiguen en exclusividad el funcionamiento de un servicio público. Se trata de hospitales que necesitan de inversiones.”
El socio público tiene derecho a monitorizar y a controlar durante el período de desarrollo del contrato de asociación público-privada el modo en que el socio privado cumple con las obligaciones estipuladas en el contrato o en las previsiones legales.
