Nuevas ordenanzas de urgencia en el sector de la justicia
Las nuevas ordenanzas de urgencia emitidas por el Gobierno de izquierda en el sector de la justicia han enfurecido a la oposición de derecha.
Roxana Vasile, 20.02.2019, 14:46
Desde las últimas elecciones parlamentarias del año 2016, la justicia ha venido transformándose en campo de batalla política entre el poder y la oposición. Mientras la mayoría integrada por el PSD y la Alianza de Liberales y Demócratas ha declarado que desea corregir algunos errores legislativos en el sector de la justicia, es decir modernizar las leyes que regulan la actividad en la justicia a fin de respetar los derechos del ciudadano, la oposición de derecha, representada principalmente por el PNL y la Unión Salvad Rumanía, afirma que estas gestiones no hacen más que socavar la labor de los magistrados, en beneficio del clientelismo político.
Este martes, el Gobierno rumano ha tomado a través de una ordenanza de urgencia varias medidas. Conforme con una de éstas, las funciones de la dirección de las Fiscalías ya no se podrán delegar. Conforme con las declaraciones del titular de Justicia, Tudorel Toader, bien se trate de los cargos de fiscal general, vice fiscal general, fiscal jefe de la Dirección Nacional Anticorrupción y de la Dirección de Investigación de los Delitos de Criminalidad, o del cargo de jefe de sección, todos estos tendrán un mandato fijo de tres años de duración, lo que significa que un nuevo mandato requerirá un procedimiento nuevo conforme con la ley: entrevista, dictamen consultivo por parte del Consejo Superior de Magistratura y decreto de investidura por parte del presidente del país. Al mismo tiempo, ya que sobre la base de la nueva ordenanza gubernamental, los posibles candidatos a los cargos de alto rango podrán proceder también de las filas de exjueces, en este caso le incumbirá al pleno del Consejo Superior de Magistratura, es decir a las dos secciones destinadas a los fiscales y respectivamente a los jueces, dar el dictamen.
Dado que en el presente muchos altos cargos del Ministerio Público se ocupan mediante delegación de poderes, esas personas seguirán en el cargo durante 45 días, período en el cual se aplicará el procedimiento legal de ocupación del cargo.
También este martes, después del dictamen favorable dado por el pleno del Consejo Superior de Magistratura, el Gobierno rumano ha aprobado también una ordenanza de urgencia con respecto al procedimiento de selección por parte de Rumanía, del fiscal europeo en el marco de la futura Fiscalía Europea. Nota bene: no se refiere al nombramiento del fiscal jefe de dicha institución comunitaria, para la cual existe otro procedimiento en curso. El ministro, Tudorel Toader, ha explicado que habrá también una segunda categoría de fiscales que serán seleccionados a través de un procedimiento posterior y se ha referido en este contexto a los fiscales europeos delegados. Si el fiscal europeo cumple su mandato en Luxemburgo, el fiscal delegado desplegará su actividad en Rumanía en nombre de la Fiscalía Europea. Tras la aprobación de las ordenanzas, la reacción del PNL no ha tardado en aparecer: éste ha anunciado que presentará una moción sencilla ante la Cámara de los Diputados, en contra del ministro Toader. A su vez, la Unión Salvad Rumanía ha hablado de un día de luto para la justicia rumana, y ha llamado a los organismos internacionales a intervenir y a los ciudadanos de Rumanía a no quedarse indiferentes. Tampoco han faltado los manifestantes. Un número considerable de personas se han reunido el martes por la noche delante del Ministerio de Justicia, tirando piedras y pintura.
Entretanto, el presidente Iohannis ha colgado en su página de Facebook un comentario en que ha declarado que mediante estas ordenanzas de urgencia, el PSD ha atacado de nuevo la justicia y del Estado de derecho, con el deseo de crear un estatuto especial a las personas que tienen problemas penales. En cambio, la primera ministra de izquierda, Viorica Dancila ha reiterado que las leyes no han sido adoptadas en beneficio de una determinada persona, que la política no debe inmiscuirse en la justicia y que los derechos de los ciudadanos se tienen que respetar en su totalidad, paralelamente con la lucha anticorrupción.
