La protección del denunciante de la corrupción
Las instituciones públicas de Rumanía no tienen procedimientos para la protección de estos denunciantes y entonces no informan sobre estos casos.
Luana Pleşea, 31.08.2016, 11:40
La Ley 571 adoptada en 2004 reglamenta y protege la actividad del denunciante o el informante. En ese período, en el contexto de la finalización de las negociaciones para la adhesión a la Unión Europea, este documento fue promulgado para asegurar el anonimato y la protección de los empleados que se atreven a denunciar las irregularidades o las ilegalidades ocurridas en su empresa. Dichas irregularidades pueden ser problemas financieros, pero también problemas deontológicos. Una definición más exacta nos la ofrece a continuación el asesor jurídico Corbu Vrabie, integrante de la Asociación “Funky Citizens” y uno de los autores de la Ley de 2004:
“Un denunciante es un empleado de buena fe que si nota que en la empresa en la que trabaja ocurren irregularidades advierte a los directores de la empresa para que tomen medidas con el fin de solucionar los problemas.”
Por lo tanto, desde hace más de diez años en Rumanía existe una ley que reglamenta la actividad del denunciante. Hace poco, en el marco de la Iniciativa Regional Anticorrupción, creada como componente del Pacto de Estabilidad en Europa de Sudeste, la legislación rumana fue definida como una de las mejores del mundo. Sin embargo, queda por ver si se aplica correctamente y, sobre todo, si los empleados de las instituciones públicas la usan. De nuevo ante nuestros micrófonos, el asesor Corbu Vrabie:
“Yo conozco a unos 50 denunciantes y creo que en todo el país existen actualmente entre 300 y 500. Sin embargo, no puedo comparar estas cifras con los datos oficiales. Las instituciones públicas de Rumanía no tienen procedimientos para la protección de estos denunciantes y entonces no informan sobre estos casos. Además, no puedes buscar datos en los tribunales de todo el país, porque la Ley 571 lo prohíbe.”
Algunos acontecimientos recientes ocurridos en la actividad de la Compañía Nacional de Autopistas y Carreteras Nacionales de Rumanía son una buena oportunidad para ver cómo se aplica esta ley y en qué situaciones puede actuar un denunciante en Rumanía. En 2013 cuando era director comercial en dicha compañía, Liviu Costache se había enterado y había empezado a investigar ciertos robos de las estaciones de peaje ubicadas en los puentes. Sin embargo, en vez de apoyarle, la empresa le destituyó. Liviu Costache explica:
“Lo peor es que las autoridades, y me refiero a la dirección de la Compañía Nacional de Autopistas, tratan de introducir en el reglamento de funcionamiento interno una cláusula que impida que un empleado hable. Nosotros, por ejemplo, hemos recibido una advertencia por haber hablado durante un programa de televisión y nos acusaron de haber dicho mentiras, aunque todo lo que habíamos contado era verdad. Es una violación grave de los artículos de la Constitución que garantizan la libertad de expresión.”
Sin embargo, Liviu Costache se muestra optimista en cuanto a los juicios incoados a raíz de sus investigaciones. Mientras tanto, el exdirector general de la Compañía Nacional de Autopistas, Narcis Neaga, está siendo investigado por la Dirección Nacional Anticorrupción, que lo ha puesto bajo control judicial. Han contribuido también a esta investigación los denunciantes Alin Goga, exdirector de la Compañía Regional de Carreteras y Puentes de Craiova, y Claudiu Ţuţulan, gerente de la misma empresa. Alin Goga señala:
”Las cosas van muy lentamente y las personas incriminadas en un informe elaborado por la Dirección del Control de Ministerio de Transporte, salvo Narcis Neagu, siguen en sus cargos. Y eso no es bueno. Cuando he intentado informar al director general de la compañía, no quiso escucharme y después de haber hecho declaraciones para la prensa empezaron a amenazarme. Me siento protegido por Dios, por mis amigos y por mi familia. Aunque las previsiones de la Ley se aplican a las compañías nacionales, el director de la Compañía Nacional de Autopistas ha decidido que estas previsiones no se aplican en este caso.”
También en 2013, Claudiu Ţuţulan denunció repetidas veces la construcción ilegal de locales comerciales en las carreteras nacionales y europeas. Aunque hubiera comprobado perjuicios importantes que ascendían a millones de euros, no pudo protegerse contra los abusos de la dirección de la compañía. Escuchémosle:
”En 2013 existía la Ley 571 que protegía a los denunciantes, pero ellos me investigaron y quisieron despedirme. Me sancionaron aunque les dije que conforme a la ley del denunciante tenían la obligación de aceptar las investigaciones de la prensa y hacer declaraciones en televisión. Entonces, me cortaron el sueldo unos 1000 lei (casi 220 euros) al mes, a pesar de que yo tenía que pagar plazos y también tenía que cuidar a mis hijos y a mi mujer, pero he preferido seguir adelante junto con mis compañeros y ahora el exdirector Neaga está siendo investigado por la Dirección Nacional Anticorrupción. El problema es que aunque existe esta ley, esta no se aplica. Si no hacermos algo para aplicarla, nuestros hijos sufrirán las consecuencias.”
Lo que acaban de contarnos estos denunciantes constituye el tema de un espectáculo de teatro bajo la dirección de Geanina Cărbunariu, también autora del texto, que se titula ”Gente común”.
