Reforma de la administración pública
La coalición gubernamental en Bucarest ha llegado a un acuerdo sobre la reforma de la administración pública.
Mihai Pelin, 12.11.2025, 12:22
El presidente Nicuşor Dan ha ha reunido en Bucarest con los líderes de la coalición gubernamental (PSD+PNL+UDMR+USR) para debatir los proyectos de reforma relativos a las pensiones de los magistrados y la administración, así como las previsiones presupuestarias para el próximo año, en el que las restricciones relacionadas con el déficit serán aún más duras. Existe un acuerdo en cuanto a la reducción de los gastos salariales en la administración, tanto local como central, según ha anunciado el ministro de Desarrollo Local, Cseke Atila.
Ha afirmado que esto muestra que en 2026 se reducirán los gastos de personal en un 10 % con respecto a este año en la administración pública central. En la administración local se ha acordado la posibilidad de reducir los puestos existentes en un 30 % en todas las unidades administrativas territoriales, con un límite máximo del 20 % de los puestos ocupados. Esto supone una reducción efectiva en todo el país del 10 % de los puestos ocupados y, como alternativa, para 2026, allí donde se encuentren soluciones a nivel local, se reducirán los gastos de personal, ha explicado Cseke Atila.
De este modo, no todas las unidades administrativas territoriales reducirán puestos ocupados, algunas solo eliminarán puestos vacantes, ya que su organigrama no está completamente ocupado. El ministro también ha afirmado que la reforma de la administración local supondrá un ahorro de 1.700 millones de leus (aproximadamente 340 millones de euros). Asimismo, según algunas fuentes políticas, la coalición gubernamental también ha decidido crear tres grupos de trabajo.
Uno se refiere a la reforma de la empresa forestal nacional Romsilva, donde se suprimirán direcciones y solo quedarán 12. Al mismo tiempo, otro se refiere a la reducción del número de parlamentarios, y el tercero analizará el plan de reactivación económica propuesto por el PSD. Por otro lado, los líderes de la Coalición deben resolver también la reforma del sistema judicial, en un contexto en el que el Tribunal Constitucional ha rechazado el proyecto que modificaba las condiciones de jubilación de los magistrados.
La ley fue declarada inconstitucional debido a que el Ejecutivo no esperó el dictamen del CSM. El jefe del Estado rumano se mostró optimista y afirmó que se encontraría una solución a este problema, ya que, si no se aprueba la ley, Rumanía corre el riesgo de perder 231 millones de euros del PNRR. El presidente explicó que el problema de las pensiones especiales es más bien de carácter administrativo. Nicuşor Dan:
«Tenemos un problema administrativo, ya que, debido a una decisión política tomada hace muchos años, las pensiones eran inicialmente más altas que los salarios, pero ahora son iguales a estos, lo cual es absolutamente anormal. Por eso, existe un consenso en la sociedad de que este problema debe corregirse, nadie dice que no debamos corregirlo. El problema colateral es que esto se ha convertido en un tema de campaña política y, de hecho, los magistrados se han convertido en una especie de culpables de servicio, y eso no es normal».
El plazo para la aprobación de la ley es finales de noviembre, y debe incluir también las posibles impugnaciones judiciales.
Versión en español: Monica Tarău
