Decisiones del Tribunal Constitucional
El Tribunal Constitucional rumano aplaza la decisión sobre las pensiones de los magistrados
Ştefan Stoica, 11.12.2025, 11:04
Tras apelaciones, modificaciones y exámenes constitucionales, la Ley sobre el establecimiento de medidas de recuperación y eficiencia de los recursos públicos recibió el tan esperado dictamen del Tribunal Constitucional (TC). El Tribunal rechazó la impugnación de la Alianza AUR, la oposición autodenominada soberanista, por lo que la ley que permite el aumento de los impuestos locales a partir del 1 de enero del próximo año se promulgará.
El Gobierno presentó esta ley en la sesión plenaria conjunta de las dos cámaras del Parlamento en septiembre, pero a instancias de la AUR, el TC la declaró parcialmente inconstitucional, es decir, invalidó solo una disposición relativa a la realización de pruebas de polígrafo a los funcionarios públicos.
La ley fue modificada en el Parlamento y aprobada en noviembre, aunque el proyecto fue nuevamente impugnado ante el Tribunal Constitucional, sin éxito. El documento tiene por objeto el uso eficiente de los recursos del Estado rumano mediante la gestión prudente de las zonas de optimización fiscal, con el fin de garantizar un trato igualitario, no discriminatorio y transparente a todos los contribuyentes, así como la reestructuración de las ventajas fiscales.
Por otro lado, reajusta el sistema tributario en el ámbito de los impuestos y tasas locales y establece nuevas normas fiscales para los contribuyentes que pagan el impuesto sobre la renta. En virtud de la ley, a partir del 1 de enero del próximo año se aumentarán los impuestos sobre la vivienda y los automóviles, los dividendos y las ganancias derivadas de las transacciones con criptomonedas.
Al mismo tiempo, se aplican recargos a los paquetes de bajo valor procedentes de fuera de la Unión Europea, especialmente a las compras realizadas en las grandes plataformas comerciales de China.
Sin embargo, la decisión más esperada del Tribunal Constitucional se ha pospuesto hasta finales de año. Se trata de la resolución sobre el recurso presentado por el Tribunal Superior de Casación y Justicia contra la nueva reforma del sistema de pensiones especiales para magistrados propuesta por el Gobierno.
El proyecto limita las pensiones de los jueces y fiscales al 70 % de su última indemnización neta, eliminando así la posibilidad de que las pensiones sean iguales al último salario neto, y aumenta gradualmente, a lo largo de 15 años, la edad de jubilación de los magistrados, situándola en 65 años. En la actualidad, los jueces y fiscales pueden jubilarse antes de cumplir los 50 años.
Los jueces del Tribunal Supremo han impugnado la ley por considerar que discrimina a los magistrados frente a otras categorías de beneficiarios de pensiones de servicio y que, según ellos, viola gravemente la independencia del poder judicial. El Tribunal Supremo considera que el proyecto del Gobierno elimina de hecho la pensión de servicio para los magistrados y viola las normas internacionales establecidas por la jurisprudencia de los tribunales europeos.
El primer intento del Gobierno de reformar las pensiones de los magistrados, tal y como exige la Unión Europea, fracasó en el Tribunal Constitucional, pero por motivos de procedimiento, ya que el Ejecutivo no había recabado el dictamen del Consejo Superior de la Magistratura (CSM) sobre la ley, que es consultivo, pero obligatorio. Como era de esperar, el CSM emitió un dictamen negativo sobre el nuevo proyecto.
Versión en español: Antonio Madrid
