Proyecto de ley para la reforma del Tribunal Constitucional
Un proyecto legislativo de los liberales propone modificaciones a la ley que rige el funcionamiento del Tribunal Constitucional de Rumanía
Ştefan Stoica, 03.02.2026, 10:44
El Tribunal Constitucional de Rumanía (TCR) se reunirá el 11 de febrero para examinar la Ley sobre las pensiones de los magistrados, que aumenta la edad de jubilación y reduce el importe de las pensiones que deberían recibir los fiscales y los jueces.
Dicho Tribunal ya ha registrado tres aplazamientos en este caso, motivados oficialmente por la falta de quórum en la sesión o la necesidad de completar la documentación. Cuatro jueces, todos ellos propuestos por el PSD, han faltado o abandonado sucesivas sesiones. Cada vez se han dado explicaciones oficiales, pero quienes en el pasado acusaron al Tribunal Constitucional en su conjunto o solo a algunos de sus miembros de juzgar9 determinados casos en función de sus propios intereses o de los de algunos actores políticos, no han dudado ahora en acusar al Tribunal de bloquear deliberadamente una reforma sensible para el sistema judicial.
En este contexto, la diputada del PNL Raluca Turcan anunció que había presentado en el Parlamento, junto con su colega liberal del Senado Daniel Fenechiu, un proyecto para modificar y completar la Ley de organización y funcionamiento del Tribunal Constitucional. «El proyecto puede completarse mediante el debate parlamentario. Es un punto de partida para debatir sobre la credibilidad del Tribunal Constitucional», escribió Turcan en Facebook. Según ella, en los últimos años, el Tribunal Constitucional ha perdido credibilidad debido a sospechas de conflicto de intereses, aplazamientos injustificados o ausencias repetidas y al boicot de algunas decisiones importantes.
Las principales medidas incluidas en el proyecto son: establecer expresamente la obligación de los jueces del TCR de participar en las sesiones plenarias, de modo que el boicot ya no sea una opción; la imposición de sanciones económicas a los jueces que falten sin justificación a las sesiones plenarias del Tribunal, con una deducción del 10% de su indemnización bruta por cada ausencia, admitiéndose únicamente situaciones de carácter médico, caso fortuito o fuerza mayor; la destitución por parte del Parlamento o del presidente de Rumanía, según quién los haya nombrado, de los jueces que se encuentren en situación de incompatibilidad, que falten sin justificación al menos tres veces consecutivas a las sesiones plenarias del Tribunal o que se encuentren en la imposibilidad de ejercer sus funciones de juez durante más de 90 días.
La diputada Raluca Turcan quiso subrayar que ninguna de las medidas propuestas afecta a la independencia de los jueces del Tribunal Constitucional en el ejercicio de su mandato ni a su inamovilidad durante el mismo. La ley, afirma la diputada liberal, solo hace una cosa: introduce unos estándares mínimos de conducta y responsabilidad en una de las instituciones más importantes.
Una institución que, recordemos, desempeñó un papel esencial en impedir el acceso al cargo supremo de un personaje controvertido, el extremista prorruso Călin Georgescu. Es importante para la confianza de los rumanos en las instituciones que la estrategia del boicot político y la dilación de los juicios no encuentre ya cabida en el Tribunal Constitucional de Rumanía, transmitió Raluca Turcan.
Versión en español: Antonio Madrid
