Asuntos pendientes
La reforma de la administración pública local ha vuelto a estar en la agenda de los líderes de la coalición de Gobierno en Bucarest.
Roxana Vasile, 05.11.2025, 11:35
Polémico y espinoso, el tema de la reforma de la administración pública o el de las pensiones especiales para magistrados, al menos tras las contradictorias discusiones que han generado hasta ahora, parecen muy difíciles de resolver. Reunidos el martes, los líderes de los partidos del amplio espectro gubernamental de Bucarest —PSD, PNL, USR y UDMR— no han llegado a ningún acuerdo sobre la reforma administrativa.
Si bien inicialmente algunas fuentes informaron que habían acordado el despido de unos 13.000 empleados de los ayuntamientos, posteriormente el líder socialdemócrata negó la existencia de tal decisión. El PSD, el único partido de centroizquierda de los cuatro en el poder, no aceptará —afirmó Sorin Grindeanu— debatir únicamente sobre la administración local sin realizar recortes en la administración central:
«Lo que vimos fue que se dieron fuentes, que se llegó a un acuerdo para despedir a 13.000 personas, que esto significa una reforma administrativa… No es así, no debatimos nada parecido, no se llegó a esa conclusión. La reforma de la administración local no significa despedir gente. La reforma de la administración local significa recortes de gastos. ¡Eso no es una reforma! La reforma de la administración local significa hablar de fusiones de municipios, hablar de digitalización; eso sí es una reforma».
También está paralizado el proyecto de reforma del sistema de jubilación de magistrados, que, en la forma que pretende el Ejecutivo, perjudicaría a jueces y fiscales: aumentaría su edad de jubilación y reduciría sus pensiones, si bien seguirían siendo considerablemente superiores a las de los funcionarios públicos ordinarios. Recientemente, el Tribunal Constitucional rechazó el proyecto de ley presentado por el primer ministro liberal Ilie Bolojan en el Parlamento por motivos de procedimiento.
El jefe del Ejecutivo no está de acuerdo con la propuesta del PSD de que, para este asunto, se elabore un nuevo proyecto de ley que se tramite en el Parlamento con carácter de urgencia, sino que insiste en que el Ejecutivo elabore el proyecto del que volvería a ser responsable.
El primer ministro prometió que, tras la publicación de la fundamentación del Tribunal Constitucional, el Gobierno reanudaría el proceso legislativo, pero dicha fundamentación aún no se ha hecho pública. Resolver la cuestión de las pensiones de los magistrados es una condición esencial para que Bruselas libere unos 230 millones de euros del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia.
También existen debates contradictorios sobre el salario mínimo en la economía. Los socialdemócratas abogan por un aumento el próximo año, ya que, de lo contrario, se verían afectadas las personas vulnerables y se incumpliría una directiva europea. En cambio, el primer ministro Bolojan se muestra partidario de congelarlo al nivel de este año, como exigen las asociaciones empresariales. Por último, en el seno de la coalición gobernante se debate la posibilidad de reducir el número de parlamentarios en un 10 % a partir de 2028, debido al elevado éxodo de la población al extranjero y a la baja tasa de natalidad.
(versión en español: Simona Sarbescu)
