Descontentos con la justicia
Los responsables políticos de Bucarest afirman querer corregir las anomalías del sistema judicial.
Bogdan Matei, 31.07.2025, 11:24
El público rumano, gran consumidor de películas estadounidenses, ha visto desde hace tiempo que en Estados Unidos, en largometrajes o series con escenas judiciales, quienes imparten justicia suelen ser caballeros septuagenarios, con canas, arrugas y muchas dioptrías. La vejez se considera un requisito previo para la sabiduría, la experiencia profesional y vital.
Por eso, a los rumanos les irrita aún más que en su país, gracias a leyes específicas, los jueces y fiscales puedan jubilarse alrededor de los 50 años, edad considerada de plena competencia y madurez profesional. Y que algunos puedan recibir pensiones superiores a sus salarios, pensiones que, de media, rondan los cinco mil euros.
Como parte de un paquete de medidas destinadas a reducir el déficit presupuestario récord de un Estado miembro de la Unión Europea, el primer ministro Ilie Bolojan anunció el martes un proyecto legislativo que propone elevar la edad de jubilación estándar de los magistrados a 65 años. El proyecto también estipula que la pensión de un magistrado debe ser como máximo del 70 % del último salario neto, no del 80 % del bruto, como ocurre actualmente.
Como era de esperar, el Consejo Superior de la Magistratura (CSM) reaccionó con rapidez y dureza, afirmando que las medidas anunciadas por el primer ministro serían inconstitucionales desde el principio y, a la larga, conducirían a la destrucción del sistema judicial.
El CSM también denuncia una campaña de estigmatización de los magistrados con el fin de socavar el poder judicial y su independencia, y desviar la atención de los verdaderos problemas de la sociedad. El miércoles, el presidente Nicuşor Dan expresó su insatisfacción con el sistema judicial, especialmente con la fiscalía. Mencionó que, en muchos casos, las investigaciones son muy largas y burocráticas.
El jefe de Estado también afirmó que, incluso en la fase de juicio, los casos importantes tardan muchísimo. En cuanto a la jubilación de los magistrados, el presidente constató que la legislación vigente y el monto de las pensiones incentivan la salida anticipada del sistema.
El jefe de Estado agregó, tras revisar decenas de solicitudes de jubilación recibidas para su firma, que el 90 % de ellas no cumplían con la norma que exige que un magistrado anuncie su intención de abandonar el sistema con al menos 90 días de antelación para no afectar la actividad del tribunal en el que trabaja.
Ante todo esto, dijo el presidente Dan, surge una pregunta para el CSM: «¿A qué se debe este caos?». Anunció su intención de dialogar con el primer ministro, el ministro de Justicia y los representantes de los magistrados para dotar de previsibilidad a la justicia.
Hasta entonces, toda la investigación sociológica confirma que, en los últimos años, la confianza de los rumanos en la justicia, desde el Tribunal Constitucional hasta el último tribunal provincial, se ha desplomado drásticamente.
(versión en español: Simona Sarbescu)
