El Gobierno asume, una vez más, la responsabilidad
El Gobierno de Rumanía ha asumido la responsabilidad de la reforma de las pensiones especiales.
Daniela Budu, 03.12.2025, 12:12
El Gobierno en Bucarest volvió a asumir el martes en el Parlamento la responsabilidad respecto al proyecto de reforma de las pensiones especiales de los magistrados. El plazo del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ha vencido, pero de él dependen 231 millones de euros. El Gobierno espera que, si la ley entra en vigor, la Comisión Europea desbloquee, no obstante, el tercer tramo de fondos del PNRR.
Mientras tanto, la ley puede ser impugnada mediante una moción de censura o ante el Tribunal Constitucional, como ocurrió en otoño, cuando el tribunal supremo impugnó la primera iniciativa de modificación de la ley y obtuvo una decisión de inconstitucionalidad por no contar con el dictamen consultivo del Consejo Superior de la Magistratura. Esta vez, el documento recibió el dictamen del CSM, ¡negativo! Según las nuevas disposiciones de la ley, la edad de jubilación de los jueces y fiscales aumentará hasta los 65 años, un año por cada generación, y la pensión no podrá superar el 70 % del último salario neto. El primer ministro Ilie Bolojan:
«Frente al primer proyecto, el documento amplía el período de transición de 10 a 15 años. Esto significa que, a partir de ahora, cada generación de magistrados tendrá que trabajar un año más, de modo que, gradualmente, entre los 50 y los 65 años, la edad de jubilación aumentará en los próximos 15 años. En ningún lugar hay jubilados en estos sistemas a los 48-50 años y en ningún lugar, en un país civilizado, existe una pensión igual al último salario o, como saben, durante años ha sido superior al último salario».
La necesidad de tener equidad social fue el principal argumento presentado por el primer ministro ante los senadores y diputados, junto con la sostenibilidad del sistema de pensiones, el equilibrio del mercado laboral y el acceso a importantes fondos europeos del PNRR. Ilie Bolojan:
«Esta propuesta responde a una cuestión de equidad social y corrige una injusticia acumulada a lo largo de los años. El segundo efecto de este proyecto es que sienta las bases para una economía sólida, teniendo en cuenta que ocupamos el penúltimo lugar en Europa en cuanto al número de ciudadanos de la población activa que participan en la economía, y nos garantiza un sistema de pensiones sostenible en los próximos años. Por último, pero no por ello menos importante, responde a una necesidad relacionada con el acceso a los fondos europeos. La corrección de esta injusticia es una de las condiciones que Rumanía se ha comprometido a cumplir y es un hito en el PNRR. Y, con el inicio del procedimiento de compromiso de responsabilidad, creemos que se cumplen las condiciones para que Rumanía cobre el dinero retenido de los fondos europeos».
Los parlamentarios de la oposición presentaron 42 enmiendas a este proyecto, pero el Ejecutivo no aceptó ninguna. La AUR ha anunciado que no presentará una moción de censura contra el Gobierno ni impugnará el documento ante el Tribunal Constitucional, ya que apoya un sistema de jubilación equitativo para todas las categorías sociales.
Versión en español: Monica Tarău
