Normativa relativa al censo de la población
Los diputados rumanos han adoptado criterios claros para la expedición del documento nacional de identidad y de los visados de residencia
Daniela Budu, 04.05.2023, 13:44
La Cámara de Diputados rumana adoptó el miércoles, en calidad de órgano decisorio, una ley encaminada a mejorar la calidad de los servicios de censo de la población y a hacer más fácil la obtención del documento nacional de identidad por los ciudadanos rumanos. La ley estipula, entre otras cuestiones, que ya no puede haber más de diez personas en cuyo documento nacional de identidad aparezca la misma dirección postal. Conforme a la nueva normativa, este límite no se aplica al propietario o a los miembros de su familia ampliada. «Por familia ampliada se entiende el titular del arrendamiento, su marido, su mujer, los familiares del titular y los familiares colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad inclusive», según la ley. La vulneración de esta disposición se sanciona con multa entre los 75 leus (15 euros) y los 150 leus (30 euros).
El diputado socialdemócrata Viorel Sălan, uno de los iniciadores de este proyecto, afirma que hacía falta mejorar la legislación en este campo:
«Quizás sea el ejemplo más relevante: a principios de este año se comprobó que, en uno de los distritos de la capital, había alrededor de 18 000 personas en cuyo visado de residencia aparecía la misma dirección».
A su vez, el diputado de la Alianza para la Unión de los Rumanos (AUR), Titi Stoica, considera que las modificaciones actuales de la ley no son suficientes y hacen falta más cambios en la normativa.
La nueva ley también estipula que la solicitud de expedición del documento nacional de identidad electrónico la atenderá cualquier servicio público comunitario de censo de la población, independientemente del lugar donde las personas físicas tengan su domicilio o residencia.
De conformidad con la nueva ley adoptada, las personas físicas consideradas vulnerables que no puedan probar su domicilio serán registradas sobre la base de un certificado expedido por la entidad administrativo–territorial que recoja la dirección donde esas personas tengan fijado el domicilio.
Según los iniciadores del proyecto, el cambio de domicilio también será mucho más flexible a partir de ahora. La nueva legislación prevé que las personas físicas que alojen a otras personas que no hayan registrado en su carné de identidad la dirección real en la que residen, tengan que acudir, junto con esas personas, al servicio público comunitario competente, para expresar su consentimiento relativo al alojamiento. Esta obligación se aplicará cuando las personas físicas alojen de manera continua a otras personas por más de 30 días.
En cuanto a las personas físicas que vivan en una dirección diferente de la que aparezca en su documento nacional de identidad, éstas se deben dirigir al servicio público comunitario de censo de la población. Ellas tienen que actualizar su dirección o dar de alta su domicilio durante un plazo de 15 días de la mudanza y solicitar el alta en el registro de la propiedad.
Traducción al español: Gabriela Ristea
